Más de treinta mil personas están afectadas por enfermedades relacionadas con el uso de amianto, no sólo cáncer, según datos ofrecidos hoy por CCOO en la jornada monográfica sobre el impacto de este mineral en la salud pública que se celebró en Oviedo.
El responsable del departamento confederal de Salud Laboral de CCOO, Angel Cárcoba, y el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente del sindicato en Asturias, Jeremías Dos Santos, denunciaron en rueda de prensa que en España hay, además, 140.000 personas que han estado expuestas por motivos laborales al amianto y que tienen posibilidad de contraer enfermedades derivadas de su uso.
Cárcoba añadió que, según un estudio elaborado por la Unión Europea, entre el año 2000 y el 2030 morirán en los países del continente unas 500.000 personas como consecuencia de cánceres de pleura y de pulmón provocados por la exposición al amianto.
En España, indicó, el número de fallecidos por esta causa en el mismo periodo oscilará entre las 40.000 y 56.000 personas.
Por su parte, Dos Santos explicó que el objetivo de la jornada es trasladar a los delegados de CCOO, y a la sociedad en general, la problemática de los efectos del amianto, y en ella se debatieron las principales exigencias del sindicato en este ámbito.
En concreto, señaló como cuestión fundamental la necesidad de controlar y vigilar a las personas que trabajaron con amianto, la creación de mecanismos para las personas actualmente expuestas y la adecuada atención a las víctimas.
Por otro lado, Angel Cárcoba denunció 'una especie de conspiración del silencio' en España en torno a esta problemática, mientras que en países como Reino Unido, Holanda y Francia ha sido tema de debate central en los ámbitos político, judicial y mediático en los últimos meses.
Urgió al Gobierno a tomar medidas como han hecho estos países como por ejemplo, la tipificación del delito de 'homicidio empresarial' que se ha aprobado en Reino Unido, o el establecimiento de un fondo para los trabajadores enfermos, al igual que se hizo en Francia.
Cárcoba también solicitó la creación de juzgados que diriman 'rápidamente' los casos de las personas que interponen una demanda, ya que, según expuso, entre el momento en que se declara la enfermedad y la muerte no suelen transcurrir más de catorce meses y la mayoría fallecen sin ver resuelta la cuestión.
Reclamó, asimismo, apoyo social y psicológico tanto a las personas afectadas por una enfermedad derivada del contacto con amianto como a sus familiares.
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