Caldera anunció que las regiones han apoyado el nuevo sistema de formación profesional para el empleo, que unifica los actuales subsistemas de formación ocupacional y continua y que contará con un presupuesto anual de 2.500 millones de euros.
Según Caldera, el proyecto de Real Decreto, que será remitido al Consejo de Estado antes de su aprobación por el Consejo de Ministros, "cumple escrupulosamente" la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que la ejecución de esos fondos corresponde a las Comunidades Autónomas.
El Real Decreto, que establece la obligatoriedad de que los trabajadores cuenten con una acreditación de la formación recibida, también pretende contribuir a la mejora de la productividad y la competitividad en las empresas y a mejorar la empleabilidad de los trabajadores, especialmente aquellos que tienen más dificultades para la inserción laboral o el mantenimiento de su puesto.
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