31 de octubre de 2024
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CC.OO. exige implicación real y contundente de la Administración y la Justicia en materia de seguridad laboral

CC.OO. exige implicación real y contundente de la Administración y la Justicia en materia de seguridad laboral

El secretario regional de CC.OO., José Luis Gil, exigió hoy una implicación "real y contundente" de la Administración y de la actividad judicial para que "se ejemplifique la manera de trabajar de las empresas" en materia de seguridad laboral porque "es la única manera de que podamos hablar a medio plazo de cifras menos dramáticas" de siniestralidad en el trabajo. Por ello pidió a las empresas que pongan en marcha medidas para proteger la vida de los trabajadores.

En declaraciones a los medios, momentos antes de inaugurar las Jornadas de Seguridad y Salud Laboral de CC.OO que se celebran hoy en la capital regional, Gil recordó que el sindicato está pendiente de llegar a un acuerdo con la Fiscalía a nivel regional para hacer un protocolo de acuerdo que permita la actuación directa en todas las provincias, aunque también "esperamos que las Cortes en breve puedan aprobar una iniciativa legislativa no de ley que nos permita actuar para poner coto a estos accidentes laborales".

En este sentido, explicó que las jornadas que hoy van a celebrarse en Toledo van a servir para plantear cómo el sindicato va a seguir trabajando en materia de seguridad laboral en 2007. "Aunque hemos puesto en marcha muchas iniciativas durante 2006, hay elementos negativos que persisten, ya que existe un índice muy alto de accidentes laborales en Castilla-La Mancha", puntualizó.

Aseguró al respecto que "todos estamos trabajando en lo que nos compete para reducir esta lacra que nos persigue de forma sistemática y creo que ha llegado el momento de situar con claridad dónde están las responsabilidades para poder atajar este problema, que tienen nombre y apellido: las empresas, que tienen que cumplir la ley de forma clara y nítida".

Sin embargo, afirmó que aquellos que por razones distintas la incumplen sistemáticamente "no pueden tener amparo de nadie y además tiene que haber un rechazo social y empresarial". Por ello, dijo que los empresarios de la región "se quejan con razón de que no hacemos diferencias; es cierto que hay un porcentaje muy alto que cumple con cierta racionabilidad la ley, pero hay una parte muy pequeña que ponen en riesgo la vida de los trabajadores".

A preguntas de los medios, sobre la posibilidad de que UGT decida romper el acuerdo social en 2007, el secretario regional de CC.OO apuntó que las cosas han de hacerse con tranquilidad, y en el caso –dijo– de que no hubiera una decisión "clara" de los poderes públicos, no descartarían ningún tipo de acción.

RESPETO AL ORDEN LEGISLATIVO

Por su parte, la consejera de Trabajo y Empleo, Magdalena Valerio, indicó que la Administración regional, en cuanto a autoridad laboral responsable de la sanción en el caso de que se incumpla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, "creo que ha sido contundente, aunque está claro que tenemos que respetar el orden legislativo vigente".

Asimismo, destacó que la Junta va a trabajar con "contundencia y agilidad" dentro del respeto de las garantías, aunque subrayó que el tema de la seguridad laboral es una "cuestión de Estado que afecta a toda la sociedad en su conjunto, y "por suerte en la región sindicatos, empresarios, y Gobierno nos hemos puesto de acuerdo para firmar un plan de acciones que lleva en vigor desde el año 2004".

Sin embargo, explicó que cuando hay un accidente mortal lo habitual es que haya actuaciones penales, aunque "me gustaría que pudiese haber mayor inmediatez desde que se produce el hecho y se investiga, pero no es posible, porque por muy ágil que se quiera ser en la imposición de la sanción, si hay un actuación penal, no puede reabrirse el expediente".

Además, advirtió de que es "poco prudente y razonable" intentar criminalizar a los empresarios de Castilla-La Mancha en general ya que la mayoría tienen claro que tienen que cumplir la ley, aunque bien es verdad que tenemos que ser intolerables con ese porcentaje en minoría que ha decidido incumplirla".

Preguntada sobre cuánto tiempo transcurre desde que se produce un accidente hasta que la empresa en sancionada, la titular de Trabajo explicó que pueden pasar dos o tres años y salvo que se detecte que hay algún riesgo inminente para los trabajadores la empresa sigue funcionando.

SITUACIÓN DE ESPAÑA

El secretario confederación de Salud Laboral, Joaquín Nieto, resaltó que en España han disminuido los accidentes mortales en un 2 por ciento, pero han aumentado los accidentes con baja en un 2,3 por ciento. Esto significa, dijo, que la siniestralidad laboral sigue siendo el "peor" indicador socio-laboral de España.

Nieto exigió al Gobierno y a empresarios que hay que seguir trabajando y recordó que el Ejecutivo se ha comprometido a sacar adelante una estrategia española de salud y seguridad en el trabajo. "Nos parece bien y le exigimos que la saque y esperamos que no se eche para atrás por las presiones de los empresarios".

Por último, apuntó que no es de recibo que los empresarios pongan obstáculos sino que deben facilitar que el Gobierno gobierne, "ya que son muchos muertos en España". La situación de Castilla-La Mancha, expresó, "es preocupante pero si se presiona lo suficiente puede mejorar".

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