La batalla por el mercado de la prevención de riesgos laborales entre la patronal del sector privado, Aspa, y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social ha subido de grado.
La Dirección General de Defensa de la Competencia, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, ha admitido a trámite la denuncia presentada por Aspa contra las mutuas. En este sentido, Competencia ha acordado “la incoación de expediente sancionador por prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por la actual Ley de Defensa de la Competencia”.
En la práctica, la decisión supone también que Economía va a estudiar en profundidad la financiación de las entidades colaboradoras de la Seguridad Social y, en consecuencia, la utilización que éstas hacen de las cotizaciones que abonan los empresarios y los trabajadores. Así se desprende de los razonamientos expuestos por la Federación de Servicios de Prevención Ajenos (Aspa) que Defensa de la Competencia ha decidido examinar. Aspa es la patronal mayoritaria del sector, y reúne a 250 empresas y a once mil trabajadores.
Separación de actividad
Para entender la disputa entre las empresas y las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es necesario distinguir que la actividad –y la financiación– privada de éstas es la prevención de riesgos laborales. Por el contrario, la labor de de asistencia por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se financia con las cotizaciones sociales de sus empresas clientes. Es decir, con fondos públicos.
Así, según la providencia de los servicios de Economía, a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, recoge las siguientes denuncias de las empresas del sector privado de prevención contra las mutuas de accidentes de trabajo: en primer lugar, Aspa acusa a estas entidades de utilizar “fondos de la Seguridad Social –recursos públicos– para contratar personas e invertir en instalaciones y equipamiento sanitario con el fin de desarrollar funciones propias de los servicios de prevención ajenos”.
En segundo lugar, Aspa acusa a las mutuas de utilizar las cotizaciones de la Seguridad Social para ofrecer servicios de prevención a las empresas “a precios inferiores a los costes reales”. Además, el sector privado acusa a las entidades colaboradoras de la Seguridad Social de aprovechar estas ventajas para, junto a su labor en accidentes y enfermedades profesionales, ofrecer los servicios de prevención de riesgos laborales “a precios muy reducidos, para captar nuevos mutualistas”.
Junto a todo ello, las empresas privadas denuncian que las mutuas de accidentes de trabajo están financiando también su labor de prevención de riesgos laborales, y sin contraprestación alguna, con el Fondo de Prevención y Rehabilitación de la Seguridad Social, “que ha supuesto una ventaja competitiva de la que no han disfrutado las entidades privadas” que se dedican a esta actividad.
Las empresas privadas de prevención de riesgos laborales denuncian también que las mutuas no han respetado el Decreto de junio de 2005 por el cual el Ministerio de Trabajo les obligó a separar con claridad su actividad sobre accidentes de trabajo del asesoramiento en la prevención de riesgos laborales. “A pesar del cambio normativo, es práctica generalizada de las mutuas confundir su actuación como entidades colaboradoras de la Seguridad Social con la prestación de servicios de prevención ajenos; confusión que prohíbe la legislación española y es contraria a las normas de defensa de la competencia”.
EXPANSIÓN ha pedido la opinión de AMAT, la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo de la Seguridad Social, pero ésta ha rehusado hacer cualquier comentario. Las entidades colaboradoras de la Seguridad Social tienen entre el 70% y el 80% del mercado de prevención de riesgos laborales en las empresas. El resto se lo reparte el sector privado.
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