El fiscal de sala coordinador de siniestralidad laboral de la Fiscalía General del Estado, Juan Manuel de Oña Navarro, se reunió ayer con los fiscales especializados en la materia de cada una de las nueve provincias de Castilla y León con el fin de aunar esfuerzos en la lucha contra dicha lacra social y, tal y como advirtió, al objeto de perseguir con mayor celo de lo hecho hasta ahora los llamados delitos de riesgo, es decir aquellas situaciones que no se traducen en un resultado lesivo para el trabajador pero que denotan un incumplimiento flagrante de las medidas preventivas exigidas por la legislación laboral.
Fue este último el principal mensaje dado por la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado en siniestralidad laboral tras el encuentro mantenido en la sede de la Fiscalía vallisoletana con los acusadores públicos especializados de las distintas provincias de la Comunidad, reunión en la que, entre otros, estuvieron también presentes el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia castellanoleonés, Manuel Martín-Granizo, y el jefe regional de la Inspección de Trabajo.
Así, De Oña Navarro, en declaraciones recogidas por Europa Press, calificó de "penas suficientemente graves y disuasorias" las contempladas en el Código Penal para aquellos casos de siniestros con víctima mortal, que pueden llegar hasta los 4 años de cárcel, así como para los saldados con heridos graves o para los delitos de riesgo, sin lesionados, que contemplan en ambos casos penas privativas de libertad de hasta 3 años.
No obstante, el fiscal delegado para toda España en siniestralidad laboral entonó el 'mea culpa' tras reconocer que hasta ahora no se estaban persiguiendo con contundencia los llamados delitos de riesgo, lo que, en su opinión, constituye un "déficit en la aplicación del Código Penal" que se pretende ahora subsanar.
"Aunque estos delitos están previstos en el Código Penal de 1983 y actualmente desde el nuevo de 1995, no están teniendo la aplicación que deberían merecer en función de las situaciones de riesgo que habitualmente se producen en el ámbito de la actividad industrial, sobre todo en el sector de la construcción", de ahí el objetivo de la Fiscalía General del Estado de perseguir con dureza este tipo de situaciones, siempre que se den los presupuestos que recoge el artículo 316 de la legislación penal.
DELITOS DE RIESGO, SOLO UN 5% DE LAS SENTENCIAS
Prueba de ese relajo en la persecución de los delitos de riesgo, según incidió De Oña Navarro, es el hecho de que en 2000 las audiencias provinciales dictaron 12 sentencias de apelación por accidentes con resultados lesivos y en 2005 un total de 98, con la particularidad de que sólo el 5 por ciento de ellas fueron por delitos de riesgo.
Al igual de lo dicho sobre el Código Penal actual, en cuanto a que es suficientemente punitivo en materia de siniestralidad laboral, De Oña Navarro ensalzó la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995, a la que calificó de "francamente buena", pese a que "no se ha aplicado en toda su intensidad ni ha sido interiorizada por los agentes sociales encargados de su aplicación".
En cualquier caso, el representante de la Fiscalía General del Estado advirtió de que "lo más importante es la cultura de la prevención, antes que la represión", al tiempo que abogó por profundizar en el primero de ambos términos mediante exigencias legales de tipo administrativo, de cuyo cumplimiento se hace cargo la Inspección de Trabajo proponiendo sanciones económicas, y con la complementación del Código Penal, que establece penas privativas de libertad, multas e inhabilitaciones para el ejercicio de la profesión que "son especialmente aflictivas".
A este respecto, el fiscal delegado de siniestralidad laboral resumió que "el propósito es que la falta de prevención no resulte rentable al empresario porque se pretende en este caso aplicar con el máximo rigor la ley penal".
El objetivo final es que el centro de trabajo no sea un lugar de riesgo en el que el trabajador pueda perder la vida. "El lugar de trabajo, el tajo, tiene que ser un lugar seguro, y ese es el objetivo de la Fiscalía General del Estado", de ahí la red de fiscales especializados en la materia constituida en toda España y el reciente convenio suscrito con las centrales sindicales para intercambiar información sobre esta materia.
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