El programa Orion es un proyecto financiado por el Fondo Social Europeo y por el Ayuntamiento para la inserción laboral de colectivos que encuentran grandes dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Se trata de mujeres, inmigrantes o personas con bajos niveles de formación.
Como otros programas similares desarrollados en años anteriores por la Administración local a través de la Agencia de Desarrollo Local -Girasol o Equal Naranco-, los alumnos, tras un periodo formativo, deben realizar prácticas remuneradas en empresas durante 11 meses.
En las dos últimas semanas, el Ayuntamiento ha suscrito varios convenios con empresas, como residencias, centros de días, guarderías y supermercados, para que 68 alumnos tengan la oportunidad de realizar sus prácticas.
La cruz de la moneda está en en el anexo al convenio que los interesados deben firmar. En él se les exige que renuncien «al ejercicio de cualquier acción civil contra dicha empresa (la que en su caso proceda), a consecuencia del ejercicio específico de las prácticas o de un desplazamiento dentro del centro o al ir y venir del mismo», según denunció Izquierda Unida. El Ayuntamiento ya hizo firmar un documento similar el año pasado a los alumnos de otro proyecto de formación.
Nulo de pleno derecho
IU consideró ayer «inadmisible» que esta vulneración de los derechos de los interesados esté «amparada y avalada por organismos públicos como el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Oviedo y la Agencia de Desarrollo Local».
El concejal de la coalición Celso Miranda aseguró que la cláusula es «nula de pleno derecho», y afirmó que la polémica renuncia «es en la práctica una forma de disciplinar a los trabajadores en la renuncia a sus derechos».
El convenio incluye además otra apartado destinado a reafirmar que de las prácticas no se derivará ninguna obligación ni vinculación, especialmente de carácter laboral.
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