El Grupo Parlamentario de IU-ICV ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, en la cual reclama una reforma del Código Penal que incorpore tipificar como delito el incumplimiento "flagrante, sistemático y peligroso" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Según el texto de la proposición, la intención es que se aumente de esta manera la acción "coercitiva" sobre las empresas incumplidoras de la norma, las cuales en "demasiadas ocasiones burlan" las sanciones administrativas.
El coordinador ejecutivo de Economía y Mundo del Trabajo de Izquierda Unida (IU), Javier Alcázar, encargado de presentar la iniciativa en rueda de prensa, apuntó que, aparte de esta medida, el grupo reclama otras seis medidas, como que se garantice que la figura del fiscal provincial contra la siniestrabilidad laboral tenga equipos y recursos técnicos y humanos "suficientes", con dedicación "exclusiva".
En este sentido, la proposición pide la creación de la figura del delegado sindical de Salud Laboral por provincias y sectores en función del número de trabajadores y de la representación legal de las distintas organizaciones sindicales. Asimismo, pretende obligar a las empresas a declarar los recursos anuales invertidos en la adaptación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en sus centros de trabajo.
Otro de los puntos habla de la pertinencia de impulsar e incrementar las dotaciones de la Inspección de Trabajo en la especialización de actuaciones de prevención de riesgos laborales, garantizando una permanente y sistemática comunicación e información "puntual" del resultado de las actuaciones entre la Inspección Laboral y la Fiscalía.
LIMITAR SUBVENCIONES PÚBLICAS
Propone también limitar "y en su caso impedir legalmente" el acceso a subvenciones públicas y a la participación en contratas públicas para aquellas empresas que incumplan de forma "reiterada" la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Por último, plantea la necesidad de impulsar el desarrollo y puesta en marcha del Proyecto de protocolo marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el Ministerio de Interior, para investigación "eficaz y rápida" de los "delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores", así como la ejecución de las sentencias condenatorias, con la "adhesión de CC.OO., UGT, CEOE y el Consejo General de la Abogacía Española".
Alcázar aprovechó también para aportar una serie de datos en poder de IU, según los cuales cada día laborable pierden la vida cinco trabajadores, uno de ellos 'in itinere'. A su juicio, aunque el Gobierno "hace esfuerzos", hay un incumplimiento "sistemático" de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que hace necesario actuar "urgentemente".
En este sentido, añadió que las medidas recogidas en la proposición favorecen el trabajo que se está "haciendo ya" desde las instituciones. "Es necesario introducir más elementos garantistas para que la ley se cumpla. Parte de los beneficios de las empresas deben destinarse a más calidad y seguridad en el trabajo", subrayó.
Asimismo, denunció que aunque el país está creciendo "por encima de la media" de la Unión Europea, la riqueza creada se está "distribuyendo mal", al tiempo que aseguró que las familias están endeudadas en un "120% de sus posibilidades" y que el salario medio ha perdido en 2006 un 7,8% de poder adquisitivo.
"DEUDA SOCIAL" DEL GOBIERNO
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, también presente en el acto, acusó al Gobierno de estar "obsesionado" por el superávit y el crecimiento económico, cuando su "prioridad debería ser pagar la deuda social y ecológica del sistema productivo". Además, habló de un modelo de desarrollo "injusto e insostenible" y agregó que el Gobierno tiene que atender "su deuda social y no tanto al superávit".
Recordó que IU ha presentado recientemente una propuesta para el reconocimiento subjetivo a la vivienda, así como otras sobre la eutanasia, el laicismo y la memoria y la posición del Gobierno respecto a la OTAN, y avisó de que estarán pendientes de la aplicación de la ley que limita la subcontratación. También apuntó que su grupo ha presentado una iniciativa parlamentaria sobre los mecanismos disciplinarios de la Guardia Civil y su desmilitarización.
Finalmente, reclamó que entre en vigor "cuanto antes" la Ley de Dependencia, porque hay "CC.AA. insolidarias, fundamentalmente del PP, que están poniendo obstáculos". Así, adelantó que IU-ICV va a presionar al Gobierno para que aplique esta ley de modo "ambicioso y universal".
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