La Fiscalía de Cádiz propondrá en su memoria de este año la elaboración y promulgación de una nueva ley integral y específico contra la siniestralidad laboral para unificar la normativa y procesos y mejorar la lucha contra el alto índice de accidentes en el trabajo que 'escandaliza a la sociedad'. En una ponencia ofrecida ayer en Cádiz, durante unas jornadas jurídico-laborales organizadas por la mutua Fremap, la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, reconoció junto a otros juristas nacionales de prestigio que la 'insuficiencia' de la legislación actual y problemas en los procedimientos como la 'dispersión y confusión jurídica' sobre este fenómeno hacen que no puedan garantizar una tutela legal efectiva a las víctimas de los siniestros en el trabajo.
'El sentir social ha calado definitivamente en el legislador', apostilló la fiscal jefe gaditana, que observó que en el último quinquenio ha aumentado notablemente el número de juicios sobre siniestralidad laboral en la Audiencia Provincial de Cádiz: En el año 2000 hubo 'uno o dos', 2006 se cerró con quince y para este año están previstos ya treinta. Esta tendencia se mantendrá en el futuro, a juicio de Ayuso, que pronosticó que 'en uno o dos años habrá muchas más sentencias condenatorias penales, más penas y más personas sentadas en el banquillo' por infracciones contra la seguridad y la prevención laborales.
En esta línea se pronunciaron también el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández; el presidente de la Audiencia, Lorenzo del Río; y, especialmente, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y magistrado de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, Fernando Salinas, quien aseguró que es 'intolerable en un estado de derecho' el alto nivel de percances laborales que todavía hoy se registran en España, ya que se produce una media de tres fallecimientos al día y 'el 80% de ellos puede evitarse', según anotó Salinas.
Esta elevada incidencia y la creciente 'presión social' derivarán, según Ayuso, en un incremento de los delitos -frente a las faltas-, de los procedimientos y de las penas a través de una reforma legal demandada no sólo por el gremio fiscal, sino también por algunos sindicatos, como UGT, y partidos políticos, como PP, que está elaborando una proposición no de ley 'para que se resuelva la dispersión jurídica y se vaya a una unificación de las jurisdicciones', según anunció José Blas Fernández.
Éste es, precisamente, el principal problema en que coincidieron los ponentes y que hace necesaria una ley integral, como la de la violencia de género. Según explicaron, el entorpecimiento que se plantea en la mayoría de procesos es que en ellos confluyen y pueden entender desde los tribunales civiles y penales, hasta los sociales, administrativos y mercantiles. Esta pluralidad de órganos complica los casos, ya que cuando termina una vía puede comenzar otra, y provoca que lleguen a demorarse hasta los nueve años, según apuntó el vicepresidente del CGPJ aludiendo a un estudio aún inédito de esta institución y que verá la luz próximamente.
La consecuencia de este alargamiento de los procesos es que mientras estos trascurren, la víctima no llega a recibir incluso indemnización alguna, lo que resulta gravoso en situaciones de minusvalías que dejan al afecta incapacitado laboralmente y, por lo tanto, para obtener una retribución. Además, según señaló la fiscal jefe de Cádiz, las sanciones son en ocasiones 'ridículas', por lo que no son una verdadera herramienta disuasoria de la actividad ilícita de las empresas, e incluso son utilizadas como moneda de cambio por éstas en juicios para eludir la responsabilidad penal y considerar el accidente como una mera falta: 'Nos encontramos con supuestos palmarios de responsabilidad penal en los que la empresa se declara insolvente al principio y al final saca un dinero de no se sabe de donde y ofrece un acuerdo económico; éste es mayor problema práctico de fiscales y abogados, el dilema moral entre ganar el juicio y dejar a la víctima sin indemnización o aceptar el pacto y caer así en una burla del derecho penal'.
Por ello, Ayuso propuso establecer un sistema de ayudas públicas para que pueda estar garantizada la responsabilidad civil del afectado a través del amparo del Estado. Ante estas controversias, la corriente mayoritaria entre los juristas y otros profesionales de fuera del derecho es que el Juzgado de lo Social sea el órgano que concentre esta materia 'para que haya una mayor coordinación y se dé una respuesta judicial efectiva que hoy no está garantizada', según puso sobre la mesa Fernando Salinas. 'Si no se reforma la Ley del Poder Judicial en este sentido, nunca se solucionará la descoordinación que provoca demoras e inseguridad jurídica', argumentó el vicepresidente del CGPJ. Además, a juicio del también magistrado del Supremo, este cambio evitaría el 'desconocimiento de la realidad social' que marca algunas sentencias como una dictada en Cataluña en la que el juez apelaba a una conducta más responsable de los trabajadores e, incluso, una actitud de denuncia para paralizar obras o actividades donde se observe una falta de seguridad, algo que en la práctica laboral diaria resulta difícil e incluso inviable.
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