Francia se ha incorporado hoy a la lista de países que prohíben fumar en los centros de trabajo y otros lugares públicos cerrados con la aplicación de una norma que afecta a millones de personas, tanto consumidores como fumadores "pasivos".
La prohibición entra en vigor en medio de las discrepancias que ha generado en los sectores que se ven directamente concernidos, sobre todo desde el punto de vista económico y el malestar o la incomodidad de los que a partir de ahora tendrán que salir a la calle para poder fumar un cigarrillo.
"Francia no sería Francia si no hubiera algunas reticencias", consideró el primer ministro, Dominique de Villepin, para quien la sociedad está "madura" para lo que llamó un "momento histórico".
La salud pública es el argumento empleado por las autoridades para impulsar esta normativa, de la que están eximidos hasta el 1 de enero del 2008 los restaurantes, bares, casinos y discotecas.
Cada año mueren en Francia unas 66.000 personas por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, según datos del Ministerio de Sanidad.
Asimismo, se estima que el gasto sanitario vinculado al tabaco asciende a unos 18.000 millones de euros al año, por bajas laborales o tratamientos a cuenta del erario público de enfermos con problemas del aparato respiratorio, cardiovascular o por cáncer.
En Francia existen unos quince millones de fumadores, aunque serán algunos más, hasta ahora pasivos, los afectados favorablemente por esta prohibición, que se extiende a centros de trabajo públicos y privados, centros de enseñanza, comercios, aeropuertos y estaciones, locales deportivos y de espectáculos y a todos los medios de transporte colectivo.
El incumplimiento de la norma acarreará una multa de 68 euros para los infractores y de 135 euros para los responsables de establecimientos que no hagan valer la normativa.
Miles de inspectores laborales velarán por la observancia de esta norma, que sobre todo altera la vida de los trabajadores que fuman.
Para ello en numerosas empresas se han adoptado iniciativas variadas, en muchos casos financiadas por la dirección, como cursos impartidos por especialistas para dejar de fumar o la compra de "parches" u otros productos sustitutivos de la nicotina.
Una alternativa es la compra de una especie de cabinas de tamaño variable en las que se podría fumar sin riesgos para nadie más que para el consumidor y que ha llevado a una empresa sueca que las comercializa a tener una importante cartera de pedidos en Francia en este comienzo de año.
Esas cabinas darían cumplimiento a una excepción que permite la ley, por la cual en las empresas se podrán establecer unos "fumaderos", que no han de superar los 35 metros cuadrados y donde no se preste servicio alguno.
Esas piezas deberán estar cerradas herméticamente y contar con un mecanismo de extracción del aire que lo renueve totalmente al menos diez veces cada hora.
El Gobierno ha anunciado que el coste de los productos antitabaco (como chicles o parches de nicotina) será reembolsado parcialmente a los que dejen de fumar (hasta 50 euros al año) y el titular de Sanidad, Xavier Bertrand, se ha mostrado optimista sobre el cumplimiento de la norma desde hoy, destinada a "reducir el número de cigarrillos fumados y el número de fumadores".
Los que están descontentos, aparte de algunos consumidores, son los 30.000 estanqueros franceses, que creen verán reducida su cifra de negocio en cuanto al tabaco, que alcanza los 15.000 millones de euros anuales.
Los que también apuntan su preocupación son los dueños de bares, restaurantes y discotecas que ya temen una reducción de ingresos cuando la norma entre en vigor en sus locales, el 1 de enero próximo, moratoria aplicada por el Gobierno para permitir que se adapten con más facilidad.
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