El Gobierno central invirtió en Ceuta en 2006 alrededor de 6.000 euros diarios en cursos de formación para desempleados. En total, en 2006 se destinaron a este fin 1,6 millones de euros para la realización de 73 iniciativas formativas, según los datos dados a conocer por el delegado del Gobierno, Jenaro García-Arreciado, durante el acto de entrega de diplomas de los cursos de auxiliar técnico de control de vigilancia de obras, recepcionista de hotel y programación del Plan de Formación e Insersión Profesional de 2006 que ha desarrollado la Cámara de Comercio como como entidad colaboradora del Servicio Públicos de Empleo Estatal (SPEE, el antiguo Inem).
En presencia del presidente de la Cámara de Comercio, Luis Moreno, y del director provincial del SPEE, Carlos Torrado, el delegado del Gobierno defendió que el desempleo «no es el problema más importante», sino tan sólo la consecuencia del verdadero mal que tiene que combatir Ceuta: la falta de formación. «El paro es la fiebre, pero la enfermedad es el fracaso escolar y el absentismo», explicó el delegado del Gobierno apoyándose en un dato más que elocuente: el 45 por ciento de los parados ceutíes no ha superado los estudios de primaria, es decir, que «a duras penas sabe leer y escribir».
De los 42 alumnos que han realizado estos cursos, 14 están ya trabajando. Y el resto lo hará «más pronto que tarde», sostuvo García-Arreciado, convencido de que la formación es casi la única vía de acceso al mercado laboral.
En 2007 hay más de 50 especialidades abiertas a la formalización de convenios con entidades para continuar desarrollando acciones formativas que faciliten la inserción laboral.
El propio presidente de la Cámara de Comercio dijo que el Gobierno con iniciativas como las que se clausuraron ayer demostraban «el impulso» que el Ejecutivo central ha dado a las políticas activas de empleo, una competencia que el Estado comenzará este año a gestionar de manera compartida con la Ciudad Autónoma gracias al acuerdo que el martes próximo firmarán en el Palacio Autonómico el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y el presidente Vivas.
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