El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido incidió ayer en la necesidad de "concentrar y orientar los esfuerzos contra la siniestralidad laboral en una misma dirección, para ser más eficaces", e insistió en que "la aplicación del Derecho, y en particular del Derecho Penal, tiene una función que cumplir, y como la tiene, debe cumplirla".
Tras suscribir con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José María Barreda, un convenio de colaboración para prevenir la siniestralidad laboral, el titular del Ministerio Fiscal, para quien las cifras de siniestralidad laboral en España no son "razonables", destacó que esta preocupación es "compartida por los responsables políticos, que conocen mejor que nadie la dimensión del problema".
Así defendió que el empeño de poner al departamento que dirige a funcionar "con eficacia en la lucha contra la siniestralidad laboral ha ido encajando en esa sensación de utilidad social, gracias a la plena disposición de las administraciones públicas, y sobre todo de las administraciones autonómicas".
Según Conde-Pumpido el objetivo de este convenio, suscrito ya con otras administraciones, no es "criminalizar" la actividad económica, ni perseguir a ningún colectivo, ni a empresarios, sino "perseguir con eficacia a los delincuentes, haciendo que el Derecho se cumpla".
Para ello, reconoció, es necesario la ayuda de quienes quieren poner fin a esas estadísticas "inaceptables", y por ello, los interesados no solo son los trabajadores, sino los empresarios, "que están obligados a concurrir en régimen de competencia desleal con quienes ni juegan limpio", y por su supuesto los responsables públicos.
Manifestó que el convenio firmado ayer, que constituye la formalización de un mecanismo de intercambio de informaciones y experiencias con la Junta de Castilla-La Mancha, se encuadra dentro de la acción desarrollada por el Gobierno de la nación para reducir esta lacra.
Para ello, recordó, se ha creado una red de fiscales especialistas en siniestralidad laboral, coordinada a nivel nacional por el Fiscal, Juan Manual de Oña, y se ha incrementado las plantillas y la dotación del presupuesto de formación de los Fiscales, desplegada por toda España.
Destacó que si hace tres años los muertos en accidentes laborales rondaban en España el millar anual, mientras los procesos penales incoados no llegaban a 150, en la actualidad, la cifra de muertes ha variado mínimamente, pero el número de casos investigados se ha incrementado en el 25 pro ciento.
"En el caso de las lesiones la proporción es mucho más espectacular. Desde el 2004 para acá -explicó- cada año se han duplicado los procesos, sin que la variación del número de siniestros corran ni de lejos pareja a estas cifras. Y hemos empezado a obtener sentencias por delito de mero peligro, sin accidentes, caos poco menos que anecdótica épocas anteriores".
Por último Cándido Conde-Pumpido, que quiso felicitar a los fiscales que han contribuido a la elaboración de este convenio, lanzó un mensaje de seguridad a los trabajadores castellano-manchegos, diciendo que "desde hoy, deben saber que están un poco más seguros, porque sus autoridades laborales y el Fiscal actúan más unidos y con mejores instrumentos para proteger no solo sus derechos laborales, sino sus bienes jurídicos más valioso, como la salud, la integridad física y la vida".
NECESIDAD DE ACTUAR COORDINADOS
Mientras el presidente regional, condenó el hecho de que con "demasiada frecuencia" alguien "que sale a ganarse la vida, encuentre la muerte", y aludió a que en un "Estado complejo como España", en la que coexisten varias administraciones, éstas deben coordinar sus actuaciones para conseguir que los servicios prestados sean eficaces.
En esta coordinación se enmarca el acuerdo suscrito, dijo Barreda, quien destacó que en virtud del mismo, Administración regional y Estatal compartirán información para agilizar y dotar de transparencia a las actuaciones que en esta materia se lleven a cabo.
El titular del Gobierno castellano-manchega, dijo que las administraciones "hemos sido sensibles" a la voz de los sindicatos, que llevan tiempo dando la voz de alarma en este asunto, matizando que no se trata de "criminalizar" a nadie, sino que es un compromiso de todos reducir los accidentes.
Barreda que manifestó que para acabar con los accidentes de muerte, "todo esfuerzo es poco", aludió a la importancia de la formación, añadiendo que su Gobierno ha destinado una gran inversión a la formación e información sobre riesgos laborales, a fin de reducir las estadísticas.
INFORAMCIÓN Y FORMACIÓN
Fue la consejera de Trabajo y Empleo la encargada de dar cuenta del contenido de este acuerdo, que tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2007 y se prorrogará automáticamente en periodos de dos años, y que se enmarca en las actuaciones de coordinación y cooperación entre administraciones contenidas en el Plan de Acciones para la Seguridad y Salud Laboral.
Valerio señaló que el documento cuenta con dos vertientes complementarias. Por un lado, el intercambio rápido y recíproco de información entre el Gobierno de autonómico, a través de la Consejería de Trabajo y Empleo, y la Fiscalía General del Estado, y por otro, la mejora de la formación del personal de ambas instituciones.
Respecto al intercambio de información, el Gobierno regional, se compromete a poner en conocimiento de la Fiscalía las actas de infracción que se extiendan como consecuencia de accidentes de trabajo con resultado de lesiones muy graves o fallecimiento, las que den lugar a propuesta de sanción grave o muy grave, las actas de vulneración de la normativa cuando se trate de menores o colectivos sensibles; y aquellas que muestren indicios de delitos relacionados con la seguridad y salud laboral.
Por su lado la Fiscalía, continuó la responsable regional de Trabajo, informará periódicamente de las acciones llevadas a cabo en relación con las actas remitidas y de la situación de los procedimientos administrativos suspendidos por imperativo legal al concurrir la vía administrativa con la penal.
Respecto al segundo de los aspectos recogido en el documento suscrito con el Ministerio Fiscal, el relativo a la colaboración para la puesta en marcha de programas formativos, ambas partes se comprometen a la organización de jornadas técnicas en materia prevención de riesgos laborales y de formación sobre régimen jurídico penal destinada a los funcionarios de ambos organismos, la Fiscalía y la Consejería de Trabajo y Empleo.
Con este documento, que contempla también la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento, que se encargará de velar por el cumplimiento de las condiciones del convenio, ambas administraciones prevén el establecimiento de líneas de colaboración permanentes entre el Ministerio Fiscal y las Inspecciones Provinciales de Trabajo.
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