Una de cada cinco visitas de control a las empresas regionales saca a la luz un incumplimiento de la ley El importe de las multas impuestas el año pasado suma 12,1 millones
La actividad que desarrollan los inspectores se ajusta a un plan anual que negocian la Consejería de Economía y Empleo de la Junta -después de escuchar a la patronal y a los dos sindicatos mayoritarios- y el Ministerio de Trabajo. Así, una de las prioridades que aparecen siempre en el Programa Territorial Integrado de Objetivos del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social es el sector de la construcción, donde se producen muchos de los accidentes laborales. A esto se suma la visita a todas las compañías que hayan sufrido algún percance mortal o grave o cuatro leves o más.
El Estado se encarga de pagar las nóminas de los expertos en comprobar si las empresas respetan la legislación y además tiene competencias sobre la persecución del empleo ilegal de los inmigrantes, así como sobre las deducciones, cotizaciones y fraude a la Seguridad Social.
El Ejecutivo regional, por su parte, tiene atribuciones sobre las relaciones laborales -vigila la correcta aplicación de los convenios- y la prevención de la siniestralidad.
Paralización de actividad
Esta última materia generó más de un tercio de las infracciones contabilizadas durante el 2006 -en concreto, el 35,5%-, hasta alcanzar las 2.362. De ellas 159 conllevaron la paralización de la actividad de la empresa, medida que se adopta cuando las irregularidades que se descubren implican un riesgo grave e inminente de accidente laboral. Las estadísticas revelan que la situación es especialmente preocupante en Salamanca, donde el 21,5% de las irregularidades relacionadas con la seguridad en el trabajo tuvieron aparejada la clausura del negocio.
Con todo, la mayor parte de los incumplimientos detectados en Castilla y León tenían que ver con la Seguridad Social, hasta el punto de que ascendieron a 2.912, el 43,8% del total. Otras 772 (el 11,6%) fueron violaciones de la normativa relacionadas con la contratación de inmigrantes, mientras que las 598 restantes (el 9%) fueron conculcaciones de la letra de los convenios colectivos. El análisis provincial revela que León y Valladolid juntas acapararon prácticamente la mitad de las visitas que realizaron los inspectores el año pasado, por lo que es lógico que ambas también sumaran el grueso de las infracciones, el 39,9%. En contraste con esto, fue en Soria y Palencia donde se observaron menos transgresiones de la ley.
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