El Gobierno integró la formación profesional que reciben los parados y la destinada al reciclaje de los trabajadores en activo en un único modelo, según un Real Decreto aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros, que pone fin, después de 13 años, a la existencia de dos subsistemas
El Ministerio de Trabajo mantiene que la norma «respeta la competencia de gestión de las comunidades autónomas y el papel de las organizaciones empresariales y sindicales», y se adapta mejor a las necesidades que demanda el mercado laboral.
El nuevo modelo cuenta con un presupuesto de 2.235,875 millones de euros. De este total, más de 1.800 millones, el 81%, procede de las cotizaciones de formación pagadas por empleadores y empleados, mientras que el restante 19% proviene de ayudas remitidas por el Fondo Social Europeo.
Los cálculos de Trabajo suben el número de 88.900 empresas que realizaron actuaciones formativas en 2006 a 303.500, en 2010. Los pronósticos desvelan que la mayoría de estas sociedades serán de plantillas reducidas. Por lo que se refiere a los alumnos, los participantes pasarán de 1.146.600 a 2.224.187 durante el periodo señalado.
Las empresas dispondrán anualmente de un crédito para la formación de sus trabajadores, que compensará total o parcialmente los costes de las enseñanzas impartidas. La formación que planifiquen y gestionen podrá financiarse mediante la aplicación de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
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