Los sindicatos Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT han denunciado en un comunicado conjunto que el Consejo Económico y Social (CES) aboga por reducir a la mitad el presupuesto de las universidades públicas de la Comunidad madrileña así como multiplicar por siete las tasas académicas. Además, defiende que las universidades privadas se financien con fondos públicos.
Estas propuestas se contienen en un informe del CES encargado por su presidente contra la opinión del Grupo Sindical (CC.OO. y UGT). Este grupo opina que «la carencia de rigor científico de este estudio, su nula aportación al debate de la financiación universitaria y la burda manipulación de la realidad existente al servicio de la privatización la enseñanza superior pública, eran razones de peso para rechazar el texto y no implicar al CES en su publicación».
El estudio encargado por el presidente del CES, Francisco Cabrillo, a un equipo de profesores de la Universidad privada San Pablo CEU, dirigido por Pedro Schwartz, consejero del CES por designación del Gobierno regional, «tiene como objetivo proponer la implantación del bono universitario y el desmantelamiento del sistema universitario público actual», asegura el mencionado comunicado. «Un objetivo genérico que se complementa con uno más concreto, reclamar financiación pública para las universidades privadas».
Desgravación y bono
Entienden los grupos que denuncian este hecho que «el grupo de economistas de confianza de la presidenta regional, colaboradores destacados de la FAES, instrumentalizan el Consejo Económico y Social para propagar su credo neoeconómico». En este caso, «la radicalidad ideológica» les lleva a proponer la reducción de los recursos de la universidades madrileñas en 400 millones de euros y la elevación de las tasas de matrícula hasta superar los 8.000 millones de euros.
De forma complementaria se proponen deducciones fiscales a las familias y un bono escolar a cada estudiante de 2.000 euros. Según sus propios datos, todos estos conceptos supondrán a las arcas públicas 654 millones. «Es decir, que toda la operación se saldará con un incremento neto del gasto público en más de 300 millones».
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