La delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, transmitió este martes a los sindicatos CCOO y UGT su colaboración para impulsar en la región un gran acuerdo contra la siniestralidad laboral que contemple cada muerte como un asesinato u homicidio desde los ámbitos judicial, fiscal y policial. Mestre se reunió con los líderes sindicales madrileños, Javier López (CCOO) y José Ricardo Martínez (UGT), que le plantearon el "relevante" tema de la siniestralidad laboral que sólo en 2006 se cobró la vida de 168 trabajadores.
"No podemos seguir así", sentenció la delegada del Gobierno, tras expresar su convencimiento de que la colaboración entre instituciones "es la única forma" de que las políticas de seguridad sean eficaces. Tras transmitir su colaboración para impulsar el Plan de Siniestralidad Laboral 2007 en la Comunidad, recordó que el Gobierno trabaja ya en un convenio que podrían rubricar el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los Ministerios de Trabajo e Interior, los sindicatos y los empresarios en colaboración con el Consejo General de la Abogacía.
Este convenio, avanzó, contiene una parte que afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como Policía Judicial, algo que para Mestre es "esencial" porque se trata de "asegurar y preservar" las pruebas que se producen en un siniestro grave o en un accidente con resultado de muerte. "Se trata de que hablen con testigos presenciales, que vean si hay denuncias, aseguren el escenario donde se ha producido el hecho y con ello el procedimiento judicial pueda seguir su trámite con éxito y se puedan depurar las responsabilidades penales a que haya lugar", manifestó Mestre.
Datos preocupantes en siniestralidad laboral
Desde los sindicatos, Javier López auguró que si se mantiene la tendencia del primer trimestre de 2007 -44 muertos- "alcanzaríamos los 176 muertos por accidente laboral" a final de año. Ante este "nuevo crecimiento" de la siniestralidad laboral en la región, reclamó la puesta en marcha de protocolos de actuación que prevengan los riesgos y actúen "de manera ágil" ante cada accidente para "contener y corregir" el crecimiento de las actuales cifras.
En este contexto enmarcó la propuesta sindical de que "cada muerte por accidente laboral sea contemplada desde los ámbitos judicial, fiscal y policial como si fuera un asesinato o un homicidio y, por lo tanto, se preserven desde el primer momento las pruebas" que determinen la responsabilidad en un fallecimiento. "No hay que esperar a que la muerte se produzca sino que hay que prevenirla actuando de manera firme y contundente ante riesgos laborales no corregidos por quien obligatoriamente tiene que hacerlo: el empresario en cada empresa", manifestó López.
El líder regional de UGT de Madrid, José Ricardo Martínez, expresó la preocupación de ambas centrales sindicales por la paralización del Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de 2007 y por "el caso omiso" que se ha hecho de la proposición no de ley referida a los accidentes laborales que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento regional.
Tras calificar de "drama social" los siniestros laborales, Martínez explicó que habían solicitado a la Delegación del Gobierno que, desde sus competencias y sus posibilidades, asuma el papel de coordinar, instar y promover la posibilidad de alcanzar un "gran acuerdo" en la Comunidad en el que participen las Administraciones locales y regional, los empresarios, los sindicatos, las instancias judiciales y la Fiscalía. Dicho acuerdo, dijo, tendría como objetivo inmediato la reducción "significativa" de los accidentes laborales al permitir que "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asuman con mayor competencia, convicción, capacidad profesional y formación tareas de policía judicial".
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