Muchas son las pretensiones de una norma que ha requerido años de diálogo hasta alcanzar el consenso entre todas las partes implicadas y que, por lo pronto, regulará y limitará la práctica de la subcontratación en cadena a tres empresas. La legislación, en cifras regionales que corresponden a la comunidad andaluza, beneficiará a los más de 400.000 asalariados y a las 57.986 empresas del sector. Se calcula, por lo pronto, que un 20 por ciento de esas empresas quedarán fuera del mercado laboral desde su aplicación.
¿Por qué? Pues porque ahora habrá que demostrar solvencia de cara a tener funcionando una empresa constructora. Se pondrá fin a lo que se ha venido en conocer como 'piratas'. Los nuevos asaltantes del siglo XXI tienen móvil y se dedican a contratar sin orden ni control, a veces, según reconocen desde los sindicatos, a inmigrantes en situación irregular. El representante de la Construcción de UGT, Diego Frías, explicó a IDEAL que con la norma se pondrá punto y final «al desmadre con el tema de la inmigración» ya que «se están dando casos» en los que se ofrece trabajo en una plaza cualquiera aunque, también es cierto, que esa práctica «se da más en el sector de la agricultura». Lógicamente, con esas condiciones los derechos laborales no existen. «Ni papeles ni formación ni nada», comenta Frías, con lo que el número de accidentes laborales se sigue disparando.
La subcontratación es, precisamente, considerada como una de las principales causas de siniestralidad laboral en la construcción con más del 90 por ciento de los accidentes a nivel nacional. Y es que, como bien puntualiza el sindicalista, «la construcción es un trabajo muy complejo que requiere de formación». El actual panorama, recuerda, no sólo estaba perjudicando a los propios trabajadores sino, por ejemplo, a los compradores de viviendas que ven como las calidades por las que pagan no se ajustan a lo desembolsado -por aquello de ir reduciendo los costes por cada subcontrata que se pasa- y los trabajos no están en muchas ocasiones bien realizados. Desde la Federación Andaluza de Empresas de la Construcción, Fadeco Contratistas, el representante Emilio Corbacho mostró sus reservas de que dicha norma haga reducir la siniestralidad laboral aunque consideró que esta Ley propiciará «no una expulsión del mercado laboral de ciertas empresas pero sí una regularización del sector».
Los empresarios consideran «absolutamente fundamental» la figura de la subcontratación en el sector de la construcción por la «especialización» que requiere una actividad tan compleja.
Frías lamentó que algunos empresarios se muestren «reticentes» a la Ley porque, a su parecer, va a terminar favoreciendo a las que realmente tienen seriedad, una trayectoria -se deben de inscribir en un registro de empresas acreditadas para poder operar- y sean capaces de mantener una plantilla mínima de trabajadores fija a su cargo.
Esa es otra de las grandes consideraciones de la normativa. Se obliga a las empresas a contar con al menos el 10 por ciento de trabajadores fijos durante los 18 primeros meses de vigencia de la Ley; el 20 por ciento transcurridos 18 meses de la entrada en vigor de la misma y el 30 por ciento a partir de los 36 meses desde que la Ley entre en vigor. Para el diputado por el PSOE de Almería Carmelo López ese detalle viene a implicar «un paso importante para lograr en el sector un empleo estable, de calidad y con derechos».
En ese mismo sentido, López recordó que «el trabajador autónomo no podrá subcontratar los trabajos a él encomendados» aunque esta limitación no afecta a aquellos «que posean organización empresarial propia, con medios materiales y personales necesarios que se someterán a las reglas generales». Las subcontratas estarán controladas también dentro de la obra porque se obliga a crear un libro, que tiene que mantenerse hasta cinco días después de que la misma se considere terminada, en el que cada una que pase se inscriba.
En este 'libro de control' se apuntará a todas y cada una de las empresas que intervienen en las obras, el objeto de cada contrato y la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de la subcontratista. Además, se tendrán que definir los planes concretos de seguridad de cada una de estas subcontratas. La importancia de esos detalles residen en que se establece la responsabilidad subsidiaria en los casos de incumplimiento de la norma. «Se les puede imponer 600.000 euros de multa por un motivo grave de accidente», subraya Frías.
Lo que es inconcebible, sostienen desde UGT, es «que hasta ahora había obras con hasta 20 subcontratas» mientras que «ahora, para la mano de obra se marca un único nivel de subcontratación y se establecen hasta tres niveles para el resto de los supuestos. La implantación de la norma será progresiva. «Durante los dos o tres primeros meses se abre un periodo de adaptación» en el ámbito de la construcción, comenta Frías. Lo que queda a partir de ahora tampoco es un trabajo fácil porque se tendrá que reivindicar por los sindicatos una mayor capacidad de Inspección para comprobar que se cumplen los requisitos establecidos.
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