Las Comunidades Autónomas tendrán un "agente" de prevención de riesgos laborales para vigilar las condiciones en las que las pequeñas y medianas empresas desarrollan su actividad profesional. La nueva figura está recogida en el acuerdo suscrito por las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT y su puesta en marcha tendrá un coste inicial de 20 millones de euros. El objetivo principal del documento es frenar los accidentes de trabajo. El Gobierno ratificará el texto el 4 de junio.
El Ministerio de Trabajo llevó al Gabinete, en abril de 2005, una estrategia contra la siniestralidad laboral a negociar con empresarios y centrales, para reforzar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. El titular del Departamento, Jesús Caldera, se mostró preocupado porque España encabezaba los índices de accidentes de la Europa desarrollada y consideró oportuno fijar más medidas. Sin embargo, los distintos intereses de patronales y sindicatos dificultaron el entendimiento hasta hace pocos días.
La estrategia estará vigente desde 2007 hasta 2012. En torno al año 2010, sus autores y el Gobierno harán balance para conocer el alcance del proyecto. CC OO y UGT apostaron fuerte desde el principio de la negociación por el delegado territorial de prevención. Los empresarios temían que con esta persona los trabajadores duplicaran sus canales de representatividad y se opusieron tajantemente. Al final el "agente" ha resuelto el consenso.
Hueco sectorial
El agente de prevención de riesgos laborales se creará para los sectores y para los territorios. Su nombre puede variar en cada situación al gusto de los firmantes. Su instauración en los sectores se producirá vía negociación colectiva, para las empresas con plantillas entre seis y 50 trabajadores, donde se origina el 40% de los accidentes.
Y en los casos en los que no se establezca esta figura actuará el agente territorial, designado de manera tripartita (Gobierno autonómico, empresarios y sindicatos). Su vigilancia, con visitas a los centros de empleo, se destinará a las pequeñas empresas, donde es difícil llegar sindicalmente.
Javier Torres, de CC OO, explicó que las centrales calculan que la responsabilidad del agente territorial recaerá, al menos, en seis personas por provincia. Dos en representación de la patronal y otras dos por cada una de las centrales. Las previsiones elevan el total de agentes territoriales a unas 300 personas, cuyos salarios y cotizaciones sociales supondrán, en principio, alrededor de unos 20 millones de euros anuales.
Guía de seguridad
A ese dinero habrá que sumar el coste de otras medidas, como los planes de ayuda para la renovación de maquinaria de las grandes empresas. El dinero saldrá, según Torres, de los excedentes de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y de Enfermedades Profesionales.
El acuerdo de la estrategia también recoge un pacto-guía, similar al que firman CEOE, CC OO y UGT desde 2002 para la negociación colectiva, destinado exclusivamente a la seguridad en el empleo. El texto estará cargado de recomendaciones para sus representantes.
El texto definitivo de la estrategia todavía está pendiente de algunos flecos. Una vez ratificado por el Gobierno, el acuerdo será abordado el 8 de junio en la Comisión Nacional, donde junto a los agentes sociales participan responsables de las administraciones central y autonómicas.
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