Las dos empresas responsables de la reparación del sótano de la sede del PP de la calle Génova de la capital ejecutada en julio del año pasado, en la que el paraguayo Jaime Javier Aguilar resultó gravemente herido, tienen pendiente de pago sanciones por importe global de 16.020,26 euros, aseguró ayer a Europa Press un portavoz de la Consejería de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Según el departamento autonómico, la propuesta de sanción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social fue recibida el 1 de febrero de 2007 por el Gobierno regional, que la aceptó y notificó a las dos compañías, Carrocerías Tomás y Telegest, siete días después.
Las empresas no recurrieron la imposición de la multa, que ya es firme, por lo que la Consejería de Empleo les solicitó formalmente el pasado 14 de mayo la liquidación de las sanciones, algo que aún no han hecho.
Desde el departamento que dirige Juan José Güemes se precisó además que las dos empresas afrontan multas individuales de 6.010,14 euros y una de ellas, Carrocerías Tomás, otra de 4.000 euros, también propuesta por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por incurrir en una "falta de medidas de prevención" en las obras.
SECUELAS MUY GRAVES E IRREVERSIBLES
El sindicato UGT-Madrid alertó el jueves de la situación de "desamparo" de Jaime Javier Aguilar, de 38 años de edad, que en el accidente sufrió quemaduras de tercer grado en el 85% de su cuerpo y presenta secuelas físicas muy graves e irreversibles tras estar más de siete meses hospitalizado.
Desde la organización sindical se aseguró que Jaime Javier "ha vivido una verdadera pesadilla" durante su convalecencia sin que la empresa responsable de las obras (la anterior propietaria, no el PP) ni las subcontratas que participaron en la ejecución del proyecto hayan "dado señales para interesarse por la situación personal y económica en la que se encuentra esta persona tras sufrir el accidente laboral".
"Todos parecen querer lavarse las manos y desentenderse de lo que le pueda suceder, y el futuro deparar, a este trabajador", insistió UGT-Madrid, que ha asumido la defensa jurídica del herido para "lograr depurar las posibles responsabilidades y se hagan efectivas las indemnizaciones y prestaciones que por derecho le correspondan para poder afrontar el futuro en las mejores condiciones teniendo en cuenta las graves secuelas del accidente laboral sufrido y que ha truncado su vida".
En concreto, el accidente sobrevino cuando los trabajadores encendieron un soplete para poder llevar a cabo una serie de tareas de soldadura en el sótano y se produjo una deflagración. Se cree que la explosión se produjo cuando la llama entró en contacto con una concentración de vapores procedentes de la pintura de unos depósitos de agua que, la víspera, habían sido impermeabilizados con resinas inflamables.
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