Las pequeñas empresas concentran el 61% de los accidentes laborales, pero la prevención de riesgos en esos centros es muy laxa. Para mitigar esta situación, las pymes contarán en adelante con agentes de prevención que evaluarán si está garantizada la seguridad de los trabajadores. Es la principal medida de un amplio proyecto para combatir la siniestralidad acordado entre el Gobierno, los sindicatos, la patronal y las comunidades autónomas. El texto propone crear un fondo público que sufrague las indemnizaciones de trabajadores accidentados en empresas insolventes.
La vigilancia de los riesgos laborales se ha centrado hasta ahora en las grandes empresas. Conscientes del desequilibrio, los negociadores han primado a las pequeñas y medianas -suponen más del 90% del tejido productivo- en la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo que estará vigente los próximos cinco años. El plan, que se cerrará el próximo lunes, establece dos figuras destinadas a velar por el cumplimiento de la norma en los pequeños centros: los agentes sectoriales y los territoriales.
Estos profesionales serán designados por patronal y sindicatos y financiados con dinero público. Su misión consistirá en visitar las empresas de entre 6 y 50 trabajadores sin representación sindical (los comités son obligatorios a partir de 50) para realizar un diagnóstico de la seguridad y emitir recomendaciones. La selección se basará en los índices de siniestralidad. En las empresas con menos de seis empleados, se elaborarán programas especiales de actuación, con incentivos al cumplimiento de la ley.
Hasta ahora, las pequeñas empresas están obligadas a designar un responsable de prevención de riesgos, pero normalmente esta misión recae en el encargado de personal, lo que debilita su labor. Los nuevos agentes serán ajenos a la estructura de la empresa.
El acuerdo incluye un gran número de medidas, entre las que destacan las siguientes:
– Rebajas fiscales. Las empresas que decidan constituir un servicio propio de prevención sin obligación legal de hacerlo pagarán menos a la Seguridad Social. También tendrán bonificaciones las que contraten a trabajadores dedicados exclusivamente a esas tareas. Para fomentar esos servicios propios se permitirá la subcontratación de algunas actividades.
– Grandes obras públicas. Las infraestructuras de envergadura serán supervisadas por una comisión tripartita (Administración, empresas participantes y representantes de los trabajadores). Ese órgano procurará "una mejor aplicación de las medidas de protección y prevención". Se trata de evitar que las obras públicas sean foco de aparatosos accidentes como los ocurridos el año pasado en la autovía a su paso por Almu-ñécar (Granada) o en varias obras del Metro.
– Fondo de garantía. Se estudiará la creación de un fondo que abone las indemnizaciones derivadas de los accidentes de trabajo. Esa caja pública asumirá el pago cuando el empresario declarado responsable sea insolvente. Asimismo, se planteará que las víctimas de siniestros laborales puedan beneficiarse de las ayudas previstas por ley para los perjudicados por delitos violentos y contra la libertad sexual.
– Plan Renove. Los sectores con un nivel de siniestralidad significativo podrán beneficiarse de un plan de renovación de los equipos de trabajo obsoletos. Este proyecto dependerá del Ministerio de Industria y se aplicará de forma coordinada con las comunidades autónomas.
– Cartilla de la construcción. Los trabajadores de este sector, uno de los de mayor siniestralidad, contarán con una cartilla que acredite su competencia. También las empresas deberán demostrar "unos requisitos mínimos" para ejercer.
– Más inspectores. Se incrementará el número de profesionales, especialmente los dedicados de manera exclusiva a la prevención de riesgos. Las autoridades modificarán las leyes para cobrar de forma "inmediata y efectiva" las sanciones impuestas a las empresas por violar la seguridad laboral.
– Acuerdo obligatorio. Patronal y sindicatos elaborarán un acuerdo obligatorio de negociación colectiva sobre riesgos laborales.
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