17 de noviembre de 2024
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España es uno de los países más rezagados en la adaptación al sistema educativo europeo

España es uno de los países más rezagados en la adaptación al sistema educativo europeo

La declaración de Bolonia (1999) la suscribieron 29 estados europeos. Hoy ya son 45 los que participan. Bolonia sienta las bases de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), no sólo universitario sino de todos los procesos formativos que van más allá de la secundaria obligatoria. El plazo de convergencia europea se fija en el 2010.

El principal objetivo es lograr que todos los países adopten un sistema flexible, comparable y compatible de titulaciones que facilite la movilidad de estudiantes y titulados. Está orientado hacia la consecución de dos objetivos estratégicos: el incremento del empleo en la UE y la conversión del sistema europeo de formación superior en un polo de atracción para estudiantes y profesores de otras partes del mundo.

El EEES obliga a un cambio sustancial en el sistema de docencia de las universidades, sobre todo las españolas, ya que se reducen las clases magistrales en favor de seminarios y prácticas y se fomenta el trabajo autónomo del alumnado. El objetivo final es que la universidad no sólo imparta conocimientos académicos, sino que también dote a los estudiantes de competencias y habilidades vinculadas al mundo laboral al que deberán enfrentarse al terminar sus estudios.

Desde aquella declaración de Bolonia hasta hoy se han sucedido cuatro conferencias de ministros europeos en las que se ha ido definiendo el modelo y analizado el grado de adaptación de cada país al nuevo sistema. En la última reunión, celebrada en Londres a finales de mayo, se constató que España es de los países más retrasados. Josep Eladi Baños, vicerrector de docencia y ordenación académica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), no tiene dudas: "Somos los que estamos más atrasados", aunque matiza que "Catalunya no tanto, pero aún hay mucho por hacer". Dolors Riba, vicerrectora de ordenación académica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), coincide con la apreciación de Baños y añade que ese retraso provoca "preocupación". Ambos destacan que si se hace bien, se despejan las dudas a tiempo y se ponen recursos, será una ocasión de oro para las universidades. "Podremos competir con los mejores y, por primera vez en la historia, se están creando condiciones para que cada universidad se marque las metas que quiere", dice Riba.

Javier Vidal, director general de Universidades del Ministerio de Educación, afirma que el "EEES es un reto para las universidades y estamos preparados para alcanzar los objetivos". Reconoce, no obstante, que algunas universidades van a velocidad de crucero y otras no, pero está convencido de que "llegaremos bien".

Bolonia es también una oportunidad para flexibilizar el sistema universitario español. Tras el debate, hasta cierto punto estéril, sobre la desaparición o no de determinadas titulaciones, el ministerio ha optado por no definir un catálogo cerrado de titulaciones y sólo marcar directrices generales para las diferentes disciplinas. "Las administraciones son responsables de los títulos de grado, máster y doctor. Cómo se organizan las titulaciones y qué centros las imparten es cosa de las propias universidades", señala Vidal. A su juicio, eso propiciará que se especialicen, diversifiquen y colaboren entre ellas, lo que beneficiará la calidad de los estudios. Baños y Riba coinciden en que, pese a la incertidumbre, es "una oportunidad" avanzar en la autonomía universitaria. "Sobre el papel están las condiciones, después ya veremos", dice Riba.

Otro debate, ya superado, fue el de la duración de los niveles. La mayoría de los países tiene un sistema de tres años para el grado y dos para los estudios de posgrado. Varias universidades catalanas trabajan desde hace tres cursos en planes piloto acordes con ese esquema. Finalmente, el ministerio optó por la estructura de 4+ 1, lo que en la práctica significa que todas las titulaciones serán de cuatro años. La homogeneización del acceso a la función pública ha sido un argumento de peso en esta decisión.

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