Con el doble objetivo de reducir la siniestralidad laboral y mejorar de forma continua los niveles de seguridad y salud en el trabajo, el Gobierno aprobó la estrategia española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo 2007-2012, que incluye más de cien medidas referidas a todos los ámbitos laborales.
Los objetivos que quiere cumplir la estrategia se fijan en dos grandes apartados: por un lado, los relativos a la prevención de riesgos laborales en la empresa; por otro, los que se refieren a las políticas públicas de lucha contra la siniestralidad laboral.
En el primer apartado se pretende lograr un mejor cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos y, para ello, se establecen, entre otras medidas, un sistema de reducción de cotizaciones sociales para las empresas con menor indice de siniestralidad, programas específicos de control y vigilancia de empresas y actividades con altos índices de siniestralidad y un Plan Renove de equipos de trabajo obsoletos en aquellos sectores donde los datos de siniestralidad aconsejen la modernización de la maquinaria.
Además se busca mejorar la calidad del sistema de prevención y por ello las empresas que tengan recursos de prevención propios se beneficiarán de reducciones en las cotizaciones por accidente de trabajo y de bonificaciones en los contratos de trabajadores que realicen tareas preventivas o se integren en los servicios de prevención. También se reforzará la vigilancia de la salud de los trabajadores.
Por último, en este ámbito, la estrategia busca fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de trabajadores y empresarios en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo.
En cuanto a los objetivos de las políticas públicas de lucha contra la siniestralidad las prinicpales medidas aprobadas son una especial atención sobre los accidentes «in itínere», la presentación periódica de los datos y la creación de un Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo, entre otras.
El ministro de Trabajo afirmó que la estrategia, que calificó de «ambiciosa»y «compartida», pretende reducir los accidentes al menos en un 25% hasta 2012, «para situarnos en la media europea».
Por su parte, UGT subrayó que la iniciativa supone «una respuesta de consenso a las exigencias de la sociedad ante la alta tasa de siniestralidad laboral».
USO calificó de «poco concreta y excluyente» ya que el texto aprobado «no fomenta la participación de los trabajadores», porque en el reconocimiento del agente de prevención sectorial en las pequeñas empresas «se deja fuera al 20% de la representación sindical».
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