Castilla y León está a punto de convertirse en la segunda comunidad autónoma, junto con Navarra, en contar con una normativa propia sobre centros integrados de Formación Profesional. Y está previsto que el próximo curso escolar arranque ya con los cuatro primeros centros de este tipo -en Burgos, Salamanca, Valladolid y Zamora-, en lo que será un importante salto cualitativo en la adecuación de la FP a la realidad de su entorno socioeconómico y a las características del mercado laboral territorial y sectorial.
Además de impartir enseñanzas regladas, como el resto, lo que les distinguirá es que incorporarán también formación continua y ocupacional A falta de su publicación en el Bocyl, la orden de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial que regula los centros integrados de Formación Profesional en Castilla y León señala que sus fines serán atender las necesidades de formación y cualificación de las personas y las empresas según el mercado laboral de la comunidad; facilitar el acceso de los jóvenes al primer empleo, la inserción laboral de los trabajadores en paro y favorecer la conservación del empleo y la promoción de los trabajadores de la comunidad; así como promover proyectos europeos de movilidad, perfeccionamiento profesional y cooperación.
La creación de centros integrados de titularidad pública será competencia de la Consejería de Presidencia y se realizará a propuesta de la consejería competente en materia de Educación o Empleo y, en todo caso, con autorización de la otra consejería.
Podrán ser de nueva creación o por transformación de centros ya existentes, en especial de centros específicos de FP -que fueron creados como centros de referencia y como paso previo hacia los centros integrados-. De hecho, los cuatro primeros centros integrados que tendrá la comunidad son actualmente centros específicos.
La Junta también podrá autorizar la creación de centros privados y concertados.
Otra característica diferenciadora es que contarán con un Consejo Social, donde estarán representados de forma paritaria la Administración educativa y laboral, la patronal y los sindicatos.
Con carácter plurianual, el Gobierno regional elaborará un plan de actuaciones para el conjunto de centros públicos y concertados, que deberá recoger sus objetivos, sus necesidades de recursos personales y materiales, métodos de actuación y evaluación de resultados.
Asimismo, los de titularidad pública tendrán un modelo de gestión pedagógica, organizativa y económica que garantice su autonomía para el logro de sus objetivos.
Esta normativa traslada al ámbito autonómico un real decreto del Ministerio de la Presidencia sobre Requisitos Básicos de los centros integrados de Formación Profesional (RD 1558/2005, de 23 de diciembre del 2005), que establece que, además de impartir las enseñanzas regladas de FP (tanto de grado medio como superior), incorporarán la formación ocupacional y continua. Es decir, a diferencia de los centros actuales, en ellos tendrán cabida las actividades formativas de los trabajadores en activo, ocupados y parados, dentro de lo que ahora se conoce como aprendizaje a lo largo de la vida. Asimismo incorporarán servicios de información y orientación profesional.
Un red pública sólida
El contenido de la norma ha sido negociado con CC. OO., que vinculó su apoyo al segundo Plan regional de Formación Profesional 2007/2010 a tener sobre la mesa un borrador de centros integrados.
Para Saturnino Fernández, secretario regional de Empleo y Formación de este sindicato, lo más importante es que a partir de ahora 'la Administración regional podrá crear una red pública sólida y bien dotada de centros integrados, que arrancará el próximo curso con cuatro, pero que en los próximos cinco o seis años creemos que deberá contar ya como mínimo con 30 ó 35, de los que al menos dos tercios deben ser públicos'.
Carmen Álvarez, adjunta a la Secretaría de Formación y Empleo, señala que 'la red pública debe ser la que pilote y marque la pauta del modelo, de ahí la importancia de contar con una normativa autonómica que lo uniformice. Estos centros, además de cumplir su misión formativa, deben también servir de enganche entre el mundo educativo y el laboral', de forma que la FP responda mejor a las necesidades de cualificación que demandan las empresas del entorno más próximo y al desarrollo de una formación permanente de los trabajadores. No obstante, la Junta aún debe desarrollar cuestiones importantes, como el reglamento de funcionamiento interno y la creación de sus consejos sociales.
CC. OO. tampoco olvida otra de las demandas que considera 'sustancial': que se autorice a estos centros para el reconocimiento y la acreditación de la formación no reglada (ocupacional y continua) y de la experiencia laboral mediante certificados profesionales, tras pasar por un tribunal. Estos certificados -distintos al título de FP-, servirán a los trabajadores, según este sindicato, para reivindicar en la negociación colectiva mejoras salariales y laborales.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.