Asturias, que reúne el 2 por ciento de la población española, concreta el 6 por ciento de las bajas médicas y lesiones por siniestro o enfermedad laboral, aseguró José Luis García Bigoles, presidente de la Asociación Internacional de Expertos en Derecho del Trabajo «Profesor Alonso Olea» y de Laboral 2000.
La «lacra» y «sangría» de la siniestralidad laboral, en expresión de García Bigoles, fue objeto de análisis y debate durante una conferencia técnico-jurídica a cargo de Jesús María Chamorro González, presidente de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
García Bigoles anunció el compromiso de la asociación asturiana de asesores laborales Laboral 2000 de llevar a cabo una amplia actividad para «ver la forma de frenar esta sangría», mediante la organización de jornadas, conferencias, publicaciones y simposios.
Chamorro González, que coincidió en juzgar la alta siniestralidad laboral como una «lacra», analizó la jurisprudencia existente, los procedimientos y causas de anulación y la casuística en general en procedimientos por enfermedad o accidente laboral. Los tribunales contencioso-administrativos, sostuvo, «deben guardar el equilibrio entre las administraciones, que inspeccionan, vigilan y sancionan, y que procuran el interés general, y el administrado que ha sido denunciado y que tiene unos derechos y garantías que deben preservarse».
La vigilancia e inspección es competencia de la Administración del Estado, la sancionadora la realiza la Administración autonómica. Sostuvo, asimismo, para este supuesto el criterio general de que el recurso al derecho penal debe someterse al principio de «intervención mínima».
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=1687&pIdSeccion=45&pIdNoticia=536194
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.