Aunque para los sindicatos CC OO y UGT de todas la medidas recogidas hay una que consideran columna vertebral de la Estrategia, el aumento del número de inspectores de trabajo, la verdad es que el elemento más novedoso reside precisamente en un sistema bonus-malus que sirve para premiar o penalizar, según el caso, a modo del mercado asegurador.
Aquellas empresas que demuestren que son muy cumplidoras con la Ley de Seguridad y Salud Laboral del año 96, a través de su no inclusión en la estadística oficial del Ministerio de Trabajo y de los gobiernos autonómicos respectivos, tendrán importantes bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.
Los objetivos de la estrategia se dirigen, por un lado, a la prevención de los riesgos laborales en las empresas, cuyos destinatarios son los empresarios y los trabajadores. Por el otro, a las políticas públicas de lucha contra la siniestralidad laboral, que tienen como destinatarios a las administraciones públicas.
Para lograr un mejor cumplimiento de la normativa en las pequeñas y medianas empresas se establecerá, entre otras medidas, un sistema de bonus-malus o reducción de cotizaciones para las que tengan menores índices de siniestralidad y se establecen programas de control y vigilancia en aquellas que registren mayores índices.
Cuotas sociales
Este sistema de penalización, vía cuotas sociales, lo ideó en su día el equipo de prevención de riesgos laborales de la Inspección de Alicante, con el inspector Miguel Ángel Luengo a la cabeza, el cual llegó a plantear este método en un congreso en Sevilla sobre la materia, tal y como informó este diario hace algunos años.
El plan estratégico aprobado también pondrá en marcha un plan renove de equipos de trabajo obsoletos en los sectores donde los datos de siniestralidad aconsejen que se modernice la maquinaria y habrá un programa específico para garantizar la prevención de riesgos laborales para los autónomos.
Las empresas que tengan recursos de prevención propios obtendrán reducciones en las cotizaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional y de bonificaciones en los contratos de trabajadores que hagan tareas preventivas.
La estrategia plurianual aprobada por el Ejecutivo que preside Zapatero contiene más de cien medidas que alcanzan a todos los ámbitos: educación, formación, inversión y desarrollo, salud, concienciación y sensibilización, medidas para empresas y para los trabajadores, así como para los servicios de prevención, propios o ajenos.
En la negociación colectiva de ámbito sectorial, se negociará la creación de órganos específicos que desarrollarán programas para divulgar e informar de los riesgos en el sector. Estos programas se dirigirán a empresas de entre 6 y 50 empleados sin representación de los trabajadores.
La Generalitat siempre se ha planteado programas similares al bonus-malus para reducir las altas tasas de siniestralidad laboral que sufre la Comunidad Valenciana, y más aún Alicante. La Conselleria de Economía y la autoridad laboral se llegaron a plantear mecanismos como el veto a las empresas con accidentes en los concursos públicos o en la recepción de ayudas a la contratación o en inversión tecnológica. Estos planes nunca los ha llegado a desarrollar la Generalitat Valenciana de modo firme.
Los planes sobre prevención de riesgos los pergeñó en marzo en Alicante, en la Escuela de Formación de Coepa, la secretaria autonómica de Empleo, Ana Encabo. Anunció una novedad de calado para prevenir los siniestros laborales en la construcción, el sector donde más muertes se registran al año.
La Generalitat ultima la implantación de un plan para buscar empresas «voluntarias o colaboradoras» que asesoren a las que incumplen la ley de prevención de riesgos en la Comunidad Valenciana. No sólo eso, sino también para que «compartan experiencias tanto con la Administración como con otras empresas, cumplan o no, tengan o no accidentes», según dijo en presencia de la patronal Coepa.
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