La consejera de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, se comprometió ayer con los sindicatos UGT y CCOO a que técnicos del Servicio de Construcción del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo estén presentes en todos los desmontajes de los escenarios no fijos de los conciertos que tengan lugar en la Comunidad hasta septiembre, según fuentes de la Consejería.
La veintena de técnicos que componen este servicio acudirán a las labores de montaje "y sobre todo de desmontaje, que es lo que se efectúa con mayor velocidad" de aquellos escenarios que no sean fijos para supervisar el trabajo y evitar que se produzcan más accidentes.
Según fuentes de la Consejería consultadas por Europa Press "esto no supondrá que los técnicos desatiendan ninguna otra obra porque las horas de desmontaje, que es en lo que se hará mayor hincapié, normalmente son distintas a las de otras labores".
Además, desde el Ejecutivo regional se recuerda que "esta supervisión ya se ha hecho otros años" y que además "ni siquiera son tantos los escenarios de este tipo, ya que la mayoría de los conciertos de la región se hacen en lugares con instalaciones estables".
En una reunión con los sindicatos UGT y CCOO, las patronales CEIM y ALCON, y la gerente del Instituto Regional de Salud y Seguridad en el Trabajo, Dolores Limón, Adrados se estrenó como consejera en este área, con una medida que responde a la oleada de accidentes laborales de las últimas semanas, como el que el pasado 29 de junio se cobró la vida de dos trabajadores que desmontaban el escenario de los Rolling Stones en el estadio Vicente Calderón al caer la viga sobre la que trabajaban, percance en el que otros dos trabajadores resultaron también heridos.
Además, las 77 muertes que, según datos oficiales, se han producido desde principios de año en la región han llevado a la consejera a adoptar otras medidas en este ámbito como, por ejemplo, desarrollar de manera automática en la región la nueva ley de Subcontratación y el convenio de Fiscalía y jueces en cuanto se apruebe a nivel nacional.
Estas dos medidas permitirán que la Policía Municipal y Judicial pueda actuar en toda la región y perseguir los delitos de falta de prevención de riesgos, y que facilitará la colaboración con jueces, fiscales e inspectores de trabajo.
MÁS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Por otra parte, el Gobierno autonómico convocará a partir de septiembre el Observatorio Regional en materia de Prevención, organismo que analizará e investigará las causas de la alta siniestralidad laboral.
Asimismo, también en septiembre, se comenzará a negociar el nuevo Plan Director 2008, aunque los sindicatos denunciaron que "en lo que queda de año hay un vacío, ya que la Consejería no ha aceptado la propuesta de desbloquear el plan de 2007, paralizado desde enero y que expira en noviembre".
"El consejero Güemes (hoy Consejero de Sanidad), en la última reunión el 11 de junio, se comprometió a desbloquear estas negociaciones, pero Adrados no sólo no ha cumplido sino que ni siquiera ha manifestado su intención de hacerlo en el futuro", reclamó el secretario de Salud Laboral de CCOO, Carmelo Plaza.
No obstante, la consejera Adrados se comprometió a potenciar los convenios con la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para "involucrar a los ayuntamientos en las labores de sensibilización e implantación de la cultura preventiva", según la Comunidad, y con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), así como a aumentar el número de inspecciones técnicas.
Sin embargo, estas medidas no son suficientes para los sindicatos, que culpan de la racha de muertes en accidentes laborales a los empresarios, "que no cumplen con la Ley de prevención", y al Gobierno regional, "que no efectúa las suficientes revisiones", explicó hoy la secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino.
Según Rufino, la culpa de las muertes la tienen "la falta de aplicación de las medidas de prevención por parte de los empresarios, la poca cualificación de los trabajadores, la carencia de cursos específicos en prevención de riesgos laborales y el que la Administración no vigile y controle el cumplimiento de la normativa".
No se consiguió sin embargo que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre acepte ciertas medidas coercitivas que los sindicatos pedían, como la publicación de las listas de empresas con sanciones por riesgos laborales o el cumplimiento y desarrollo de la Ley de Contratos del Estado, por el que las empresas sancionadas son inhabilitadas y no pueden contratar con la Administración pública, según informó Rufino.
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