La Comisión Europea (CE) abrió ayer una investigación en profundidad sobre la legalidad de los planes de las autoridades británicas para otorgar una ayuda de 12,5 millones de euros a Vauxhall, la marca de General Motors en el Reino Unido.
La ayuda prevista se destinaría a un programa de formación en la planta de montaje de vehículos que Vauxhall tiene en Ellesmere Port, cerca de Liverpool, en la que trabajan 2.200 personas.
La CE tiene dudas acerca del sentido de esas ayudas públicas, ya que la compañía podría haber puesto en marcha el programa de formación sin esa aportación, según explicó un comunicado.
Según el análisis de los servicios de la Comisión, parte de la formación podría ser necesaria para el funcionamiento normal de la fábrica, por lo que se llevaría a cabo sin ayudas públicas.
Las normas comunitarias sólo permiten la ayuda pública cuando ofrece un auténtico incentivo para una mayor formación profesional y laboral.
"La Comisión apoya la formación que mejora la capacidad de los trabajadores. Sin embargo, debemos asegurarnos que los fondos públicos no se destinan simplemente a dar beneficios extraordinarios a empresas que habrían pagado la formación dentro de sus operaciones normales", señaló la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes.
En los últimos años, la CE ha investigado en profundidad otras ayudas públicas a programas de formación en el sector de la construcción de automóviles, como las de General Motors y Ford a sus fábricas en Bélgica, que al final fueron autorizadas parcialmente.
Vauxhall, que ha puesto en marcha en los últimos años una serie de medidas para mejorar sus resultados, está preparando un amplio programa de formación de su personal durante el período 2007-2012, añadió el comunicado.
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