La gestión de la formación ocupacional vuelve a poner en liza al Gobierno catalán con el central. La Generalitat acordó ayer presentar un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional sobre el real decreto aprobado este año para regular el sistema de formación profesional para el empleo, al considerar que invade competencias autonómicas establecidas por el Estatuto catalán.
El motivo del conflicto es que el decreto, según la Generalitat, califica los recursos económicos de la formación de la demanda de empleo como integrantes de la Seguridad Social y, por tanto, afectados por el principio de unidad de caja, y no como subvenciones, según tres antiguas sentencias del Constitucional. Para el Gobierno catalán, este elemento constituye una "vulneración" de sus competencias, ya que el Estatuto vincula la formación continua a la competencia ejecutiva de Trabajo, y no a la Seguridad Social.
El decreto también vulnera el Estatuto, porque asigna al servicio de empleo estatal la gestión de programas de empleo que exceden el ámbito de una autonomía, según la Generalitat. Otro tanto ocurre con los contratos de formación, ya que el decreto prevé su financiación con cargo a bonificaciones de la Seguridad Social, y por tanto, "se sustrae de la gestión", pese a ser políticas de empleo que dependen de la Generalitat.
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