Los Ministerios de Trabajo e Interior, el Consejo General de Poder Judicial y la Fiscalía del Estado firmarán en breve un protocolo de colaboración para estrechar la investigación y vigilancia de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, así como para la ejecución de las sentencias condenatorias. Así lo anunció ayer el titular de Trabajo, Jesús Caldera, durante su comparecencia en el Congreso.
A este protocolo se sumarán los sindicatos y el Consejo General de la Abogacía, con el fin de ampliar el abanico de colaboraciones en la lucha contra la siniestralidad laboral. La voluntad del Gobierno es que sirva de referencia para la suscripción de convenios específicos en las comunidades autónomas, con el fin de reducir los accidentes laborales.
Esta estrategia, pactada entre el Gobierno, los agentes sociales y las comunidades autónomas, contempla un centenar de medidas para mejorar las condiciones laborales y las políticas preventivas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, donde se producen un gran número de siniestros. El reto descansa en reducir al menos un 25% los accidentes laborales, hasta situar a España en niveles europeos.
Las últimas estadísticas reflejan, según Caldera, una continua reducción del número de siniestros, hasta el punto de que el índice de incidencia actual es el más bajo desde 1994.
Asistencia técnica
Hoy mismo, Caldera trasladará su plan de estrategia a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación. Este plan incorpora medidas que se pondrán en marcha hasta abril del año que viene y cuyo desarrollo se extenderá más allá de esa fecha.
En septiembre se establecerá un plan de asistencia al empresario que cuente con menos de diez trabajadores y se comenzará a estudiar la puesta en marcha de un sistema bonus malus que prime a las empresas cumplidoras con la ley y castigue a las que tengan mayores índices de siniestralidad.
El plan incluye también la realización de una campaña publicitaria en los últimos meses del año que, con un coste estimado de cuatro millones, promoverá el desarrollo de la cultura preventiva.
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