Los datos de la inspección de Treball muestran que la consellera Mar Serna tiene mano de hierro con las infracciones en materia de riesgos laborales. Serna indicó ayer que ratifica el 95% de las propuestas de sanción que realizan los inspectores, con lo que es difícil que las empresas eludan una multa si se han detectado irregularidades que ponen en peligro la vida de los trabajadores. La mano dura ha significado un aumento de las actas de infracción y de las multas en el primer semestre, que ascendieron a 3.803 informes sancionadores y 11,9 millones de euros.
Durante todo el 2006, cuando hubo hasta tres consellers de Treball, las actas de infracción ascendieron a 4.734, con un importe en sanciones de 19,5 millones. Pero desde que empezaron a trabajar 50 técnicos de apoyo a los inspectores y desde que Serna accedió al departamento en noviembre, la intensidad inspectora y sancionadora se ha incrementado considerablemente.
En total, desde enero del 2006 a junio de este año, Treball ha levantado 8.537 actas de infracción a empresas sancionadas con multas que se elevan a 31,5 millones de euros.
La titular de Treball recordó que son "inflexibles" con las compañías que incumplen la normativa, que cifró en un 18% del total. En el aumento de sanciones también influyó, según Serna, "la mejora de la planificación en el momento de realizar las inspecciones en aquellos sectores que representan las tasas de incidencia más altas".
EL PEOR SECTOR A
la cabeza de esos sectores se encuentra la construcción, que concentra el 40% de los requerimientos para subsanar anomalías y el 32% de las actas de infracción (682) en el primer semestre. Las empresas del sector recibieron multas por valor de 3,1 millones de euros y sufrieron la paralización de 55 obras por riesgo inminente para los empleados. En el 2006, las sanciones impuestas alcanzaron los 5,9 millones de euros.
Otra de las áreas de actuación de la inspección se refiere a las relaciones laborales, en las que se revisaron 56.102 contratos que dieron como resultado 183 actas de infracción por un importe de 231.521 euros, y la conversión de 8.566 temporales en fijos por haber sobrepasado el límite de 12 meses establecido por la reforma laboral del 2006.
En el departamento de Treball confían en que este sea el último año en el que a inspección mantenga una estructura mixta de control entre Madrid y Barcelona. Con el traspaso que ya se ha empezado a negociar, se pretende acabar con la situación actual en la que los inspectores dependen orgánicamente del Ministerio de Trabajo, que asume los sueldos, aunque en prevención de accidentes y en relaciones laborales la Generalitat puede planificar las actuaciones.
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