La Generalitat Valenciana acordó ayerplantear un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, con relación al Real Decreto 395/2007 de 23 de Marzo, por el que se regula el Subsistema de Formación Profesional para el empleo, después de que el Gobierno español "no atendiera a las alegaciones planteadas por la Comunitat Valenciana", según reza el acuerdo.
El Acuerdo del Consell señala que el Real Decreto "no respeta" las competencias autonómicas previstas en el artículo 149.1.7 de la Constitución Española, el artículo 51.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, y el Real Decreto 1371/1992 de Traspaso a la Comunitat Valenciana de funciones y servicios del Estado en materia de Formación Profesional Ocupacional.
Recuerda la Generalitat que la forma en que el Gobierno español ha tramitado esta norma, ha sido objeto de rechazo por parte de distintas instancias políticas. Así lo hizo el Congreso de los Diputados, en el marco del Debate de política general de 2006, que aprobó diversas resoluciones instando al Gobierno a retirar o modificar el texto de Real Decreto, negociarlo con las comunidades autónomas, e iniciar el traspaso de recursos para la gestión de la formación continua.
Por otra parte, el Consell subraya que el propio Consejo de Estado, un órgano consultivo del Gobierno, en el dictamen preceptivo emitido en marzo de 2007, ya señaló la falta de acuerdo del Gobierno con las comunidades autónomas en el proceso de tramitación de la norma.
"Como consecuencia de esta falta de voluntad del Gobierno de acordar con las comunidades autónomas el modelo de formación profesional, un total de cinco comunidades han interpuesto requerimiento previo al conflicto positivo de competencias acerca del Real Decreto, concretamente Cataluña, Castilla León, Galicia, Madrid y la Comunitat Valenciana", indica la Generalitat.
En el conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional, el Gobierno valenciano solicita la derogación del Real Decreto, y subsidiariamente la adecuación de determinados artículos a la distribución competencial prevista en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía.
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