Agentes de la Policía Nacional y funcionarios judiciales llevaron a cabo ayer el registro de la sede central en Barcelona de Mutua Universal Mugenat, la segunda entidad española de asistencia sanitaria laboral. Los funcionarios buscaban documentos que pudieran probar la existencia de facturación falsa a la Seguridad Social, así como una doble contabilidad en relación con un supuesto delito de malversación de fondos públicos, delito societario y administración desleal. La investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción se centra en el desvío de fondos que son patrimonio de la Seguridad Social a fines distintos de los de la actividad mutualista.
El registro fue ordenado por Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona. La fiscalía sospecha que la cúpula directiva de la mutua, presidida por Juan Echevarría Puig, creó una contabilidad paralela y habría utilizado facturas falsas para justificar ante la Seguridad Social unos servicios que nunca se llevaron a cabo. La querella que tramita el juzgado se inicia a partir de "las irregularidades de gestión" detectadas en una auditoría de las cuentas de la mutua realizada por la Intervención General del Seguro. Ayer mismo la Secretaría de Estado de la Seguridad Social inició un procedimiento administrativo para adoptar medidas cautelares contra la entidad.
ALEGACIONES DE DEFENSA
La mutua tendrá un plazo de 15 días para presentar alegaciones, tras el cual, la Administración puede llegar a suspender las funciones de todos o algunos de sus directivos e, incluso, intervenir la entidad, medidas que se contemplan en la ley general de la Seguridad Social.
La mutua colgó ayer un comunicado del comité ejecutivo en su página web en el que afirma que "las acciones que ha venido efectuando han sido en beneficio de las empresas, los trabajadores y los mutualistas". A última hora, remitió una nota pública en la que afirmaba "desconocer el origen que ha motivado la actuación de la fiscalía". La Seguridad Social aseguró a "las empresas y sus trabajadores la continuación de la prestación de los servicios que estos reciben de la entidad en su calidad de colaboradora de la Seguridad Social". El organismo también intentó tranquilizar a los empleados de la mutua, a los que garantiza la continuidad de la actividad.
Las irregularidades detectadas por la Intervención fueron remitidas a la Secretaria de Estado de la Seguridad Social, la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, que han iniciado de forma paralela una investigación de la entidad.
El Tribunal de Cuentas explicó, por su parte, que un equipo integrado por un subdirector general, un auditor y cinco funcionarios están fiscalizando la entidad desde marzo: "La fiscalización se centra en el análisis de todos los aspectos de la contratación de dicha mutua".
El registró de las oficinas de la mutua, en la avenida del Tibidabo, efectuado por la policía se saldó sin ninguna detención. Durante el mismo, estuvo presente en la sede de la avinguda del Tibidabo, el presidente de la entidad, Juan Echevarría Puig, quien, según las fuentes consultadas, ocupa el cargo de presidente a título honorífico, no participa en la gestión de la entidad, ni tiene ningún poder ejecutivo, por lo que solo cobra dietas, no un sueldo. Echevarría se reunió posteriormente en un hotel con otros directivos de la mutua
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