La querella de la Fiscalía Anticorrupción se centra en los responsables ejecutivos de Mutua Universal e imputa al director gerente de la entidad, Juan Aicart Manzanares, y a cinco de sus colaboradores, en un posible delito de malversación de fondos públicos, delito societario y administración desleal, por el desvío de fondos de la Seguridad Social a sociedades relacionadas con esas personas.
El fiscal delegado de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la corrupción en Catalunya, Emilio Sánchez, reconoció que la querella puede ampliarse a otras personas relacionadas con la mutua en función de cómo avance la investigación. La fiscalía, no obstante, considera que la junta directiva presidida por Juan Echevarría Puig tiene un papel testimonial en la actividad de estas sociedades, y centra su investigación en el gerente de la entidad y los subdirectores de la mutua.
La investigación apunta a que existen indicios de una supuesta doble contabilidad, aunque no podrá confirmarse su existencia o inexistencia hasta que no se examine detalladamente toda la documentación y soportes informáticos intervenidos en el registro que funcionarios de la policía y del Juzgado de Instrucción número 21 practicaron el miércoles en la sede de la mutua en la avenida del Tibidabo.
Las investigaciones relacionadas con la querella se están llevando a cabo de manera que no interfieran en el normal desarrollo del trabajo de la mutua, ya que su actividad "no está en riesgo alguno ni cabe sembrar inquietud alguna al respecto", comentó el fiscal.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, eludió ayer dar cifras sobre el supuesto desvío de fondos de la mutua y recordó que la compañía tiene 20 días naturales para comunicar sus alegaciones. "Hemos hecho nuestro trabajo, que era comunicar los hechos a las administraciones competentes, ahora lo único que nos toca es la posible adopción de medidas cautelares", dijo.
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