Los sindicatos CCOO y UGT exigen "mano dura" al Gobierno de la Comunidad de Madrid con todas aquellas empresas que incumplan la legislación en materia de prevención de riesgos laborales en la región.
Responsables de ambos sindicatos participaron en la concentración celebrada el lunes a mediodía frente al Ayuntamiento de Leganés, ciudad en la que se produjo el último accidente laboral de la región que provocó la muerte de dos trabajadores, con lo que el número de fallecidos en el trabajo en Madrid en lo que va de año asciende a 105 personas.
"Hemos solicitado la convocatoria urgente del consejo de administración del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el trabajo con el fin de que se pongan en marcha medidas concretas que faciliten una solución a esta sangría", explicó la responsable de Salud Laboral de UGT-Madrid, Marisa Rufino.
En la misma línea, CC.OO señaló al Gobierno regional como el máximo responsable del "incumplimiento de la ley de prevención". Su secretario general de Salud Laboral, Carmelo Plaza, exigió en la mañana de ayer al ejecutivo de Esperanza Aguirre "una mayor presión a las empresas desde la inspección del trabajo".
Además, ambos sindicatos coincidieron en solicitar a la Comunidad de Madrid que "publique de una vez por todas los nombres de las empresas sancionadas por incumplir la Ley". En ese sentido criticaron la "falta de voluntad política" del Gobierno regional pues, "aunque tiene capacidad legal para publicar esos nombres, no lo ha hecho".
MAYOR SEVERIDAD A LOS JUECES
También estuvieron presentes en la concentración representantes de los grupos de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid, que se mostraron críticos con el Gobierno de Esperanza Aguirre, al que acusaron de no poner los medios necesarios para acabar con unos accidentes "que no son inevitables".
"Tenemos una normativa de prevención buena, pero existen multitud de deficiencias tanto en el seguimiento como a la hora de exigir su cumplimiento", destacó la portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Maru Menéndez, quien propuso un pacto institucional y social para prevenir los accidentes laborales, que incluya medidas encaminadas a la mejora de las condiciones de trabajo, así como una mayor formación.
El portavoz de IU en la Comisión de Empleo de la Asamblea, Fernando Camaño, anunció por su parte que en el mes de septiembre solicitarán en el Parlamento regional la contratación de un mayor número de inspectores de trabajo, hasta llegar al número de uno por cada 7.000 trabajadores, y la comparecencia del Fiscal Coordinador sobre Siniestralidad Laboral para que explique las medidas que piensa llevar a cabo.
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