El Gobierno británico estudia la aplicación de un detector de mentiras a parados y solicitantes de ayudas a la vivienda y otras prestaciones sociales, tras una prueba piloto que supuestamente ha permitido identificar 126 solicitudes fraudulentas en tres meses en un distrito de Londres, ahorrándole 110.000 libras (163.000 euros) al contribuyente, según informa el diario británico "The Guardian".
La citada experiencia piloto, que durará un año, se viene desarrollando desde mayo a iniciativa del Departamento de Trabajo y Pensiones de la Administración británica, que pidió a la Junta de Distrito de Harrow que probase una novedosa tecnología de "Análisis de Riesgo de Voz" (ARV) para evaluar la veracidad de los datos facilitados por quienes les piden algún tipo de prestación pública.
Un portavoz del Departamento de Trabajo y Pensiones citado por el rotativo inglés puntualizó que esperarán "hasta el final del periodo formal de evaluación para tomar una decisión definitiva sobre extender la tecnología por todo el país", si bien adelantó que, si sus análisis llegan a las mismas conclusiones que los realizados por la Junta de Harrow, "nos gustaría ver esta tecnología desplegada por toda Gran Bretaña tan pronto como sea posible".
La tecnología ARV permite supuestamente detectar a los mentirosos midiendo las inaudibles fluctuaciones de la voz humana conocidas como "microtemblores" y distinguiendo presuntamente las que son resultado de un intento de engañar, mediante un análisis por computador.
Esta tecnología ya se usa en el sector de las aseguradoras, una de cuyas firmas, Capita Group, ha ayudado a implantarla en Harrow.
Hasta ahora ha sido testada con personas que llaman por teléfono para reclamar ayudas a la vivienda o beneficios fiscales, pero este mismo año será también empleada por el personal del Centro de Empleo de Harrow. A ello ayuda el que, desde hace dos años, sea frecuente que las solicitudes de ayuda se realicen inicialmente por teléfono, antes de aportar documentación y firmar papeles.
Por su parte, el secretario general de las Trade Union, Brendan Barber, ha reaccionado airadamente contra esta iniciativa porque, a su juicio, "demoniza" a los solicitantes de prestaciones.
Los detectores de mentiras, ha señalado, "no funcionan, y pueden tanto señalar a los inocentes, pero nerviosos, como a la gente realmente culpable. Los inocentes serán la mayoría de aquéllos cuyas solicitudes se vean retrasadas mientras proporcionan pruebas adicionales" para acceder a ellas.
Asimismo, expertos de EEUU, en donde este tipo de tecnología es más usada, alertan de su falibilidad. David Ashe, vicedirector del Consejo de Virginia para las Profesiones y Oficios, señala que "decirle a alguien que su voz está siendo sometido a un detector de mentiras es algo inherentemente estresante. Las pruebas de los detectores de mentiras tienden a dejar pasar a gente para la que el engaño es un modo de vida y suspender a quienes son escrupulosamente honestos".
Por contra, el distrito de Harrow, elegido para la prueba piloto, se muestra como un ardiente defensor de la persecución del fraude en el cobro de prestaciones sociales. En su página web, asegura que en el periodo 2005-2006 llevó a los tribunales a 15 solicitantes acusados de fraude y que ha conseguido frenar muchos más "gracias a nuestros rigurosos controles".
El fraude en prestaciones públicas le cuesta a los contribuyentes británicos, según sus estimaciones, 900 millones de libras al año (1.330 millones de euros), un dinero que se sustrae a "servicios públicos vitales como educación, salud, vivienda y servicios sociales", además de tener un impacto negativo en las necesidades recaudatorias de las haciendas locales.
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