Algunos directivos de Mutua Universal presuntamente financiaron con fondos de la Seguridad Social una veintena de sociedades y empresas que, en total, facturaron más de 12 millones de euros a la entidad. Este "entramado" les pudo haber permitido obtener beneficios personales y emitir facturas falsas o hinchadas contra la propia mutua para justificar servicios prestados desde esas sociedades.
Así se desprende de la querella que la Fiscalía ha presentado contra el gerente de Mutua Universal, Juan Aicart –cesado en agosto–, y contra otras cuatro personas vinculadas a la directiva de la entidad, la tercera del sector en España, por un delito continuado de malversación de caudales públicos, otro de falsedad en documento oficial y mercantil y otro de apropiación indebida o societario.
La querella mantiene que las empresas vinculadas a Mutua Universal le facturaban "prestaciones de bienes y servicios a precios superiores a los medios del mercado" o actuaban como "intermediarias entre la mutua y los verdaderos proveedores de ésta, encareciendo artificialmente el precio finalmente satisfecho por la misma".
De esta manera, según la Fiscalía, se desviaban fondos públicos y otros propios de la entidad a favor de empresas controladas por el máximo responsable de Mutua Universal, Juan Aicart, y por el resto de querellados. Dicha facturación suponía todos los ingresos de las sociedades vinculadas –que en total facturaban más de 12 millones de euros a Mutua Universal– o un elevado porcentaje de los mismos.
Otra forma de desviar fondos públicos, "ordenada" por el querellado Juan Aicart, consistía en retornar a ciertas empresas asociadas a Mutua Universal cantidades que no habían sido gastadas y que, por tanto, debían regresar al patrimonio de la Seguridad Social. Para ello, se cedía personal que seguía cobrando su salario de la mutua o la entidad asumía el pago de facturas correspondientes a gastos de la empresa asociada.
La querella, por otra parte, sostiene que también existen "serios indicios" de que Mutua Universal proporcionaba "subrepticiamente" a las sociedades vinculadas algunos recursos personales y materiales necesarios para el funcionamiento de las mismas, "cargando a la mutua gastos que en realidad corresponden a sociedades mercantiles privadas".
En este sentido, según la Fiscalía, aquellos directivos de Mutua Universal que también lo son de sociedades vinculadas estaban percibiendo de la entidad "retribuciones desproporcionadas", por lo que recursos públicos gestionados por la mutua se destinaban "al pago de salarios por servicios prestados en las entidades mercantiles vinculadas". Además, un número "elevado" de empleados en nómina de la mutua pudieron haber prestado servicios efectivos en esas sociedades.
"Todo ello implica que, con cargo al sistema de la Seguridad Social, se están trasladando gastos y desviando recursos con la finalidad de rentabilizar las empresas vinculadas que prestan servicios a Mutua Universal", señala la Fiscalía.
La querella explica también que Mutua Universal estableció acuerdos con siete de sus sociedades vinculadas para realizar el control y seguimiento de los casos de incapacidad temporal y que existen "indicios de la probable irrealidad" de la facturación relativa a dicho concepto, cerca del 47% de los ingresos anuales.
De hecho, según la Fiscalía, esta facturación se realiza mensualmente de modo global, "sin que exista soporte documental que justifique los trabajos supuestamente realizados y con un precio que se encuentra un 70% por encima de la media de lo que facturaron otras empresas del sector".
Para la Fiscalía, todas estas actividades van dirigidas "al enriquecimiento de los querellados, cuyo patrimonio personal deberá ser adecuadamente investigado para comprobar la correspondencia o no con sus ingresos oficiales". Existen indicios, además, de que presuntamente utilizaron fondos de la mutua para realizar promociones inmobiliarias en su beneficio particular.
La querella mantiene que todos estos indicios fueron "rotundamente" constatados por la Intervención General de la Seguridad Social, aunque previamente habían sido apuntados por una denuncia anónima ante dicho organismo y confirmados por la declaración en Fiscalía de una ex directiva de Mutua Universal, quien ya había denunciado estos hechos ante la Seguridad Social.
CONTABILIDAD OCULTA.
En cuanto a la verdadera dimensión y realidad de las relaciones entre la mutua y las empresas vinculadas, la querella señala que puede verse reflejada en una contabilidad oculta, al margen de la oficial que se presenta a los organismos públicos de tutela de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Esta contabilidad 'B' era presuntamente controlada por los querellados bajo la directa supervisión de Aicart.
Entre las sociedades vinculadas, según la querella, figuran algunas dedicadas a la prevención de riesgos laborales, pero también empresas de servicios mecanográficos y taquigráficos, consultorías, asesorías, inmobiliarias y constructoras. Este "complejo entramado", operando en diversos campos de actividad, facturó a Mutua Universal por los servicios prestados, y está directamente vinculado a la entidad porque fue creado por sus responsables.
Las empresas, según la Fiscalía, eran gestionadas con carácter rotativo por altos cargos de la mutua –quebrantando las incompatibilidades que les afectan como directivos de la entidad– y, en otras ocasiones, por ex empleados de ésta, a los cuales se les pudo haber indicado que abandonaran su puesto en la mutua para pasar a trabajar en dichas sociedades.
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