El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los conflictos de competencias promovidos por la Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia contra diversos artículos y disposiciones del Real Decreto que regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
La norma, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 23 de marzo, integra en un solo sistema las dos modalidades de formación profesional existentes: la ocupacional, destinada a los desempleados, y la continua, dirigida a los trabajadores.
Este Real Decreto deriva del acuerdo de formación profesional para el empleo que firmaron el Gobierno y los agentes sociales en febrero de 2006 dentro del proceso de diálogo social.
Según destacó el Ministerio de Trabajo el día de su aprobación por el Gobierno, el nuevo modelo formativo "respeta" la competencia de gestión de las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid y la Xunta de Galicia no lo entienden así, motivo por el que han presentado un conflicto positivo de competencias contra algunos artículos de la norma, que ha sido admitido a trámite por el Alto Tribunal.
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