La secretaría de Estado de la Seguridad Social propondrá a la junta directiva de Mutua Universal la suspensión cautelar de los directivos implicados en la investigación judicial en la que se ve inmersa la entidad de accidentes laborales.
El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, así lo anunció ayer ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Congreso donde dijo que esta decisión forma parte de las medidas cautelares que puede adoptar la Seguridad Social y recordó que la junta de Mutua Universal apartó en agosto al director de la entidad, Joan Aicart, hasta que finalice la investigación. Aicart y otros directivos han sido imputados en una querella de la Fiscalía Anticorrupción por varios presuntos delitos societarios y de malversación de fondos públicos.
MEDIDAS DE CONTROL Granado también explicó en el Parlamento que propondrá medidas de control para conseguir unas mutuas "más transparentes". En este sentido, consideró "razonable" aumentar la participación de las organizaciones sindicales en los órganos de dirección y lograr que la información que estas envían al Seguro se verifique y se evalúe con más prontitud. También abogó por controlar más los gastos y simplificar el trato legal que reciben las reservas de estas entidades.
En cualquier caso, Granado ha reiterado que se trata de "un problema puntual en una mutua" y ha considerado "injusto" concluir que todo el sistema de mutuas, que data del 1900, funciona mal.
Paralelamente, la confederación sindical de CCOO acordó ayer presentarse como acusación particular en el proceso penal contra los cinco directivos de la mutua. Según informó el sindicato en un comunicado, el objetivo de comparecer en este procedimiento "es participar activamente y dar un apoyo total para que la investigación llegue hasta el final, ya que los hechos denunciados son de una gravedad extrema".
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