La Consejería de Salud reclamará que los autores de agresiones a profesionales sanitarios afronten, además del pago de la indemnización, los costes derivados de la baja laboral de las víctimas, de su atención psicológica y de los daños materiales, cuestión que trasladó a la Fiscalía del TSJA.
Así lo manifestó la consejera de Salud, María Jesús Montero, tras entrevistarse en Granada con el fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, a quien también ha solicitado que se extienda más en la práctica la calificación de este tipo de agresiones, por parte del Ministerio Público, como delitos de atentado en los casos en los que haya habido un peligro real para la seguridad del profesional.
Para Montero, que el agresor afronte todos el coste derivado de una agresión -desde la baja laboral hasta la asistencia psicológica de la víctima- supone 'gravar más' su conducta.
Para ello, la Consejería de Salud ha solicitado a la Fiscalía que en los expedientes sobre agresiones a personal sanitario incorpore la petición de que el agresor asuma esos costes, que en la actualidad afronta el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Por su parte, el fiscal jefe del TSJA entiende que iniciativas como esta y la de tipificar como delito de atentado la agresión a personal sanitario, que el Ministerio Público ya aplica en algunos casos, puede contribuir a 'perfeccionar' los mecanismos con los que se afronta en la actualidad la violencia en el ámbito sanitario.
A la hora de tipificar este tipo de agresiones como delito de atentado, la Fiscalía advierte del problema que se plantea, no sólo en el ámbito sanitario, sino también en el educativo, cuando el profesional agredido no tiene la condición de funcionario público.
Esa circunstancia podría suponer 'una vulneración del principio de igualdad', explicó García Calderón, quien precisó que para aclarar este tipo de situaciones 'dudosas' plantearán una consulta a la Fiscalía General del Estado a fin de que pueda aplicarse un criterio 'uniforme' que comporte una mayor seguridad jurídica.
Además, el fiscal subrayó la importancia de profundizar sobre el móvil del agresor a la hora de tipificar el delito, al precisar que si se trata por ejemplo de un toxicómano, éste se encontrará en una situación de 'semi-imputabilidad o inimputabilidad', pero si el autor de la agresión ha actuado motivado por el hecho de que el profesional no ha querido concederle la baja laboral, la situación cobra mayor gravedad.
Este último caso es probablemente el más frecuente, seguido de otros como el de no obtener el medicamento que el paciente considera necesario, según Montero, que cifró en 2.219 las agresiones -591 de ellas físicas- al personal sanitario registradas en Andalucía desde la puesta en marcha, en abril de 2005, del registro de violencia.
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