El presidente de la patronal (CEOE), Gerardo Díaz Ferrán, pidió hoy que, en el marco del desarrollo de la Estrategia Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se sancione a los trabajadores que incumplan sus obligaciones en prevención de riesgos laborales, y criticó que se "criminalice" a los empresarios en esta materia.
Díaz Ferrán, que abrió unas jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial sobre salud y seguridad en el trabajo, hizo un repaso por los "aspectos negativos" de los actuales dispositivos de prevención, aflorados durante la elaboración de la estrategia nacional, y apuntó las principales propuestas de los empresarios a desarrollar al amparo de este acuerdo marco.
El presidente de la patronal hizo especial hincapié en la excesiva responsabilidad que actualmente recae sobre las empresas, a las que se considera "garantes de la seguridad de los trabajadores", y a las que se exigen "medios y resultados", aunque los trabajadores no cumplan con sus obligaciones de prevención. "No queremos evitar la responsabilidad empresarial, pero ésta es compatible con la de los trabajadores", añadió.
Además, frente a la vigilancia a la que se ven sometidos los empresarios, comentó que "hoy no resulta fácil imponer una sanción a un trabajador basada en un incumplimiento de sus obligaciones preventivas".
Por ello, pidió que se establezcan incentivos, como un sistema de bonus, para que los trabajadores cumplan con sus responsabilidades, y que, en caso contrario, también existan "medidas coercitivas", al "unísono" con las previstas para el estamento empresarial.
La actual situación, dijo, desemboca en ocasiones en una "prevención defensiva" materializada en un cumplimiento "más formal que real" de las actuaciones preventivas. No obstante, este miedo a la sanción tiene que ver, según apuntó, con una "criminalización de los empresarios como paso imprescindible para avanzar en materia de prevención".
SÓLO EL 50% DE LAS MUERTES SON AUTÉNTICOS ACCIDENTES.
Asimismo, Díaz Ferrán extendió a otras instancias la responsabilidad derivada de los accidentes de trabajo. En cifras, precisó que del 100% de los accidentes mortales en jornada de trabajo, sólo un 50% se debe a causas traumáticas, es decir, a un accidente de trabajo, por lo que sólo la mitad se encuentran circunscritos al ámbito de la responsabilidad empresarial.
Así, continuó, un 25% de estos siniestros se debe a patologías no traumáticas (infartos, derrames cerebrales, etc.), por lo que "su prevención debería recaer más en el ámbito de la salud pública" que en la del empresario; y otro 25% se produce por "accidentes de tráfico acaecidos durante la jornada laboral, y su solución se proyecta preferentemente sobre la seguridad vial, con lo que su responsabilidad estaría relacionada con la educación vial".
En cualquier caso, Díaz Ferrán también pidió una armonización de los criterios estadísticos españoles con los de la UE que, actualmente, contemplan incluso definiciones diferentes de accidente laboral, aportando confusión a las tareas de investigación y evaluación en las políticas de prevención.
EXCESIVA DISPERSIÓN NORMATIVA.
Entre los principales problemas detectados en el actual sistema de prevención, Díaz Ferrán especificó un dispersión normativa y competencial que da lugar a un marco legal "confuso, profuso y difuso", que requiere de una ley integral, a la que "por fin" se acercaría la Estrategia Nacional contra la siniestralidad.
Además, señaló, esta circunstancia es especialmente perjudicial para las pymes y micropymes –que acogen al 95% de la población ocupada–, por cuanto carecen del conocimiento técnico suficiente para aplicar las actuales normas.
También, precisó la existencia de una "debilidad y dispersión" de las políticas públicas de sensibilización, formación e incentivación, así como una "insuficiencia" en la coordinación entre las comunidades autónomas y la Administración General de Estado y, particularmente, entre la Secretaría General de Empleo y la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
Por otro lado, el presidente de los empresarios, instó a potenciar la formación en prevención de riesgos laborales en los ámbitos educativos para generar una "formación primaria" a completar con otra "especializada", ya en el ámbito laboral.
Entre otras propuestas, Díaz Ferrán solicitó también una nueva reducción, al margen de la practicada en 2007, de la tarifa de la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de forma que "se ajuste a las necesidades reales de protección de los mismos y a la siniestralidad laboral de los sectores de actividad".
NO ADHESIÓN AL PROTOCOLO.
Por otro lado, Díaz Ferrán aprovechó la ocasión para justificar la no adhesión a última hora de la CEOE al Protocolo marco de colaboración suscrito recientemente en materia de investigación de los delitos contra la salud de los trabajadores.
En este sentido, aludió que, pese a suscribir el 99% de sus contenidos, la CEOE no está de acuerdo con el establecimiento de mecanismos de información "privilegiados" desde el estamento judicial a disposición de determinados sindicatos que, como tales, no tienen reconocidas facultades en el ejercicio colectivo de los derechos individuales en materia de salud que la ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce a cada trabajador.
En todo caso, añadió, sí se reconoce este ejercicio, "con exclusividad", a los representantes de los trabajadores en el ámbito de cada centro de trabajo.
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