El sindicato UGT-Madrid recomendó ayer al Gobierno central, a través de un comunicado, que suscriba el convenio 184 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad y salud en las campañas agrícolas para lograr una mayor protección de los jornaleros estacionales que trabajan en la región.
Dicho convenio señala que los trabajadores temporales y estacionales "deben recibir la misma protección que los empleados permanentes" y que "los alojamientos deben reunir una serie de requisitos mínimos", explicó UGT.
Aprovechando la gran notoriedad que la campaña de vendimia en toda España ha recibido este año, la sección regional de UGT presentó ayer, en Toledo (Castilla-La Mancha), una serie de propuestas para garantizar los derechos de los trabajadores del sector agrario, llamando a las instituciones y los interlocutores sociales a adoptar "una estrategia compartida para incluir la migración laboral y la situación de los trabajadores no comunitarios como una materia más del mercado de trabajo y el empleo".
"De esta forma se establecerá un cauce de interlocución permanente entre organizaciones sindicales y empresariales y gobiernos autonómicos", justificaron desde la formación sindical.
Así, UGT exigió garantías sobre los derechos de los trabajadores del sector agrario con especial atención a la seguridad y la salud, y recordó que este sector tiene un elevado número de accidentes de trabajo.
ALOJAMIENTO DIGNO
Asimismo, para el sindicato es "preciso abordar, desde el diálogo entre las diversas partes, una solución para el problema del alojamiento, definiendo unos requisitos mínimos, tal y como establece el mismo convenio de la OIT, para establecer unos criterios de dignidad".
Para lograrlo, UGT pidió el compromiso "político y económico" de las distintas administraciones, "para adaptar políticas políticas y servicios a los incrementos de población puntuales o permanentes que implica la migración temporal intensiva, con independencia de la nacionalidad de los trabajadores".
Por último, la formación sindical instó a "apoyar la labor de la inspección de trabajo, con medios materiales y humanos, puesto que es un servicio público que garantiza la aplicación de la normativa en el orden social y los derechos de todos".
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