El secretario general de la Federación del Metal, Construcción y Afines (Femca) de UGT, Manuel Fernández 'Lito', ha explicado esta semana en Bilbao la situación en que se encuentra el programa para llevar a las aulas a más de dos millones de albañiles, peones, carpinteros, ferrallistas, gruistas… de la construcción en toda España, una iniciativa que pretende reducir de forma importante las elevadas cifras de siniestralidad en el sector.
La actividad de la construcción es la que tiene un mayor índice de accidentes, que dejan al año unas 250 muertes en España y no menos de 15 en el País Vasco. En concreto, en los ocho primeros meses, en esta comunidad autónoma se registraron 9 fallecimientos y 66 heridos graves.
Para 'Lito' la alta siniestralidad es una «vergüenza» en un país que pretende ser moderno, y asegura que hay «elementos» que pueden contribuir a reducirla más que la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como la citada normativa sobre la subcontratación. Esta nueva regulación va a impedir que «muchos sinvergüenzas, mal llamados empresarios y conocidos con el nombre de 'pistoleros', puedan entrar en las obras», indicó.
«Muy preocupante»
Hay que ordenar un sector que se caracteriza, denunció, por «jornadas largas, destajos, desplazamientos y entrada masiva de inmigrantes», elementos que, unidos, conforman «una situación muy preocupante».
El plan de formación de los trabajadores del sector será financiado por la Fundación Laboral de la Construcción, organismo creado por sindicatos y empresarios que tiene en la prevención de riesgos una de sus tareas más importantes desde que el Gobierno le atribuyera, en las normas que desarrollan al ley de subcontratación, la formación de los trabajadores del sector en prevención de riesgos.
Para llegar a 2012 con los deberes hechos, señaló el sindicalista, habrá que formar a 450.000 trabajadores al año, ya que hasta el momento sólo unos pocos miles están en condiciones de certificar que han realizado el nivel del curso que se va a exigir.
Para el próximo mes de enero, explicó, debe estar preparada toda la infraestructura para acoger a los operarios del sector, que podrán recibir formación específica en función de la especialidad en la que trabajen, según establece la ley. Para ello, la fundación tiene la competencia de homologar los centros que realizarán los cursos, que podrán ser institucionales o privados. El propio Osalan, el Instituto vasco de Seguridad y Salud Laborales, deberá adaptarse a la nueva situación, precisó 'Lito', ya que los cursos que ha gestionado hasta ahora para trabajadores del sector tenían una duración de seis horas.
En la actualidad existe una cartilla profesional que acredita capacitación, experiencia y antigüedad, recordó 'Lito', pero su posesión es voluntaria. La nueva tarjeta será obligatoria e incorporará también información sobre la vida laboral del trabajador.
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