El Congreso de los Diputados escribirá hoy una nueva página en el viejo conflicto que enfrenta a los economistas con los diplomados en ciencias empresariales, aprovechando de una manera un tanto forzada la tramitación de la ley del Mercado de Valores. Mediante una disposición adicional que se sumará a este proyecto, se reconocerán las funciones profesionales de estos últimos, alrededor de 250.000, tomando como referencia las que el real decreto de 26 de abril de 1977 establece para los economistas.
Entre estas funciones figuran la planificación y dirección de la organización contable; el análisis y determinación contable de costes; la certificación, con o sin interpretación, de balances, asientos, cuentas, saldos, estados financieros, cuadros de rendimientos y documentación contable; la revisión y verificación de balances, cuenta de resultados y contabilidades de los comerciantes y la intervención en la formación de los inventarios y balances que sirvan de base para la transferencia o para la constitución, transformación, fusión, absorción, disolución y liquidación de sociedades o empresas mercantiles.
Este real decreto les faculta también para intervenir en suspensiones de pagos, quiebras y liquidaciones, en cuanto se considere necesaria la presencia de un técnico para el esclarecimiento de esta clase de estados.
La enmienda original para establecer un marco de actuación profesional claro entre dos colectivos en conflicto como son los titulados mercantiles y los economistas procede de Convergencia i Unió, formación que ha intentado también convencer al PSOE para que en esta iniciativa se regule la colegiación obligatoria de los diplomados en ciencias empresariales. El Gobierno ha autorizado al Grupo Socialista a transaccionar la enmienda de CiU, suprimiendo esta colegiación obligatoria.
Federico Castaño
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