Los funcionarios judiciales de la Comunitat Valenciana que padezcan una enfermedad larga o crónica podrán solicitar una reducción de jornada de una hora diaria cobrando su sueldo íntegro, según anunció ayer el conseller de Justicia y Administraciones Públicas, Fernando de Rosa, tras firmar un acuerdo con los representantes de los sindicatos del sector FSP-UGT, Vicente Seguí; de CSI-CSIF, José Vicente Cabo, y de FSAP-PV CCOO, Soledad Fernández, en materia de permisos, vacaciones y licencias del personal.
Asimismo, el acuerdo, que afecta a unos 4.500 funcionarios judiciales, contempla la posibilidad de pedir una reducción de jornada para las mujeres víctimas de violencia de género, o para aquellas personas que cuiden a menores de 12 años -antes era nueve-, a mayores que requieran dedicación o tengan alguna discapacidad, y a los que tengan hijos prematuros hospitalizados -con una reducción de hasta dos horas.
También se introduce, en aplicación de la Ley Orgánica 3/07 de Igualdad, la licencia por riesgo de embarazo y lactancia, cobrando el suelo íntegro, cuando el puesto de trabajo pueda influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo.
En cuanto a vacaciones, el acuerdo incorpora como novedad, sólo para los funcionarios de Justicia, el artículo 59 de la Ley Orgánica de Igualdad, que permite, en caso de enfermedad derivada del embarazo, parto o lactancia, un permiso por maternidad o su ampliación por lactancia, y disfrutar de las vacaciones aunque haya terminado el año natural.
Respecto a los permisos, el acuerdo recoge, como una de las novedades, la posibilidad de que una mujer funcionaria, víctima de violencia de género, falte al trabajo de manera acreditada, o no llegue al mismo de forma puntual "todo el tiempo necesario", puntualizó De Rosa.
En este sentido, el conseller explicó que una mujer víctima de malos tratos debe comunicarlo a la Dirección General de Justicia para acogerse al derecho de faltar algún día al trabajo, "si es que tiene que acudir a un juicio o no se encuentra bien", y la posibilidad de no llegar siempre a la misma hora ya que "no pueden cumplir un horario rígido por su propia situación personal".
Otras de las medidas que sólo podrán disfrutar, por el momento, los funcionarios judiciales, es la del derecho, a partir del día siguiente al cumplimiento de la antigüedad de, además de los nueve días que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), adicionar dos más al cumplir el sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.
También introduce un día de permiso por la celebración de matrimonio o unión de hecho e incorpora, en el mismo sentido, el permiso por técnicas prenatales o por trámites burocráticos en materia de adopción.
Además, los funcionarios de Justicia podrán pedir un permiso por parto, adopción o acogimiento, tal y como recoge la redacción del Estatuto del empleado básico, y la posibilidad de ampliar este permiso por parto en el caso de niños prematuros o que deban permanecer hospitalizados después con un máximo de 13 semanas adicionales, que se suman a las 16 actuales.
Asimismo, introduce el permiso de 15 días por paternidad; amplia el permiso de lactancia de nueve a 12 meses, e introduce el permiso por interrupción del embarazo, pasando de cero a seis días como máximo.
El texto también amplía de un día, a dos o tres, el permiso por traslado del domicilio habitual; e introduce la posibilidad de ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas, percibiendo las retribuciones íntegras, para las personas que tengan hijos prematuros o que éstos deban permanecer hospitalizados a continuación del parto.
"Beneficiar y compatibilizar"
El objetivo de este acuerdo es, según Fernando de Rosa, "beneficiar y compatibilizar la vida familiar y laboral" de los funcionarios de Justicia, porque, dijo, de esta manera "también se beneficia a los ciudadanos". "Es importante haber dado este paso", puntualizó.
Por su parte, el representante de FSP-UGT, Vicente Seguí, destacó la "importancia" de este acuerdo y abogó por "seguir en esta línea" para "mejorar las condiciones de los funcionarios, tanto en su vida personal como laboral".
Asimismo, el representante de CSI-CSIF, José Vicente Cabo, resaltó que el acuerdo pone a los funcionarios de Justicia de la Comunitat "a la cabeza nuevamente" en negociación, mientras que la representante de CCOO, Soledad Fernández, subrayó que "representa un avance importante en materia de conciliación" y abogó por "continuar las negociaciones".
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