La sanidad extremeña y española, en general, atraviesa un momento de escasez de médicos especialistas. No obstante, el director general de Gestión del Conocimiento y Calidad Sanitaria, José María Vergeles, envió ayer un “mensaje tranquilizador”.
En primer lugar, especificó que la necesidad de estos profesionales se circunscribe a “determinadas especialidades” y adelantó que, actualmente, unos 500 médicos se forman en Extremadura para cubrir estos y huecos y “como mucho”, tanto el sistema de salud extremeño como el nacional, podrán disponer de ellos en los próximos 4 años.
Con esa afirmación, Vergeles respondía a la diputada popular Teresa Angulo, quien preguntó durante la Comisión de Sanidad y Dependencia acerca de las medidas promovidas desde la Junta para paliar la falta de especialistas.
Según Vergeles, el sistema sanitario de la región ha sido potencialmente mejorado desde que la Comunidad asumió esta competencia y señaló que el número de especialistas y especialidades ha crecido ostensiblemente. En este sentido, explicó, en la última convocatoria, el número de plazas para médicos especialistas se incrementó, pasando de 110 a 150. Un crecimiento porcentual que, enfatizó, se adecua a los requerimientos sanitarios de la región.
Por otro lado, apuntó que, aunque no es competencia de la Junta el incrementar el número clausus de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, el número de plazas ha crecido en un 15 por ciento en los últimos años, albergando a más estudiantes que se convertirán en profesionales para satisfacer las exigencias de demanda del sistema sanitario extremeño y nacional. De todos modos, señaló, que el aumento del número clausus es un proceso de medio y largo plazo, cuyos resultados empezarán a ser apreciables en los próximos 10 años.
Por su parte, la diputada del PP Teresa Angulo recriminó a la Administración el no haber tomado medidas más inmediatas, respecto a la falta de especialistas. Parece, dijo, que el SES “no se ha dado cuenta del problema antes” y “ahora es tan grave que no han tenido otro remedio que reaccionar”.
¿Fuga o movilidad de profesionales?
Angulo comentó, además, que en los últimos años Extremadura ha asistido a una “fuga” progresiva de médicos que se ha traducido en una escasez de profesionales. La diputada popular señaló que los médicos extremeños se ven “obligados” a abandonar la Comunidad no solo para buscar “mejores salarios”, sino, además, un “mayor reconocimiento” a su labor profesional.
La popular criticó que las autoridades se “jacten de inaugurar nuevos hospitales”, haciendo pura “política de ladrillo”, que no se acompaña de una “política de personal adecuada”. Y recordó que el “mejor recurso” de las Administraciones son “sus empleados”. Así, reprochó que los acuerdos alcanzados entre la Junta y los sindicatos de médicos se “han quedado sobre el papel” y señaló que los profesionales sanitarios extremeños están sometidos a un “enorme estrés laboral” que “puede repercutir en el servicio” a los ciudadanos.
Finalmente, destacó que, mientras médicos extremeños deben irse a otras Comunidades e incluso otros países para encontrar mejores condiciones; los hospitales extremeños se llenan de profesionales extranjeros, “que se preparan con dinero de Extremadura y luego también se marchan” a otras regiones.
En este sentido, señaló como “urgente” el plantear una posible “repatriación” de los médicos que se han marchado, eso sí, acompañada de una fórmula que les aporte seguridad y reconocimiento.
Por su parte, el director general de Gestión de Conocimiento y Calidad Sanitaria prefirió hablar de “movilidad” de profesionales, antes que de “fuga”. Y destacó que, aunque es cierto que se ha desarrollado una política “del ladrillo”, necesaria, explicó, para cumplir con la Ley de Cohesión y Calidad; también es cierto que la Junta ejecuta una política de personal “sostenible en el tiempo”, basada en el régimen estatutario, y destacó que tanto las condiciones laborales como salariales de los médicos han “mejorado mucho”.
Según Vergeles, la Junta entiende que “la salud es un derecho” y que este derecho no sería viable “sin el servicio de los profesionales”. Así, enfatizó que “no se están incumpliendo los acuerdos” con los sindicatos, pero reconoció que éstos “están supeditados a los recursos finitos de la Administración”.
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