La Justicia en Galicia actuará a partir de ahora no sólo cuando se produce un accidente laboral con víctimas, sino también antes, contra aquellas empresas que de forma reiterada incumplen las normas de seguridad y ponen en riesgo la vida e integridad de sus trabajadores.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha decretado ayer la creación de una unidad policial específica, compuesta por agentes nacionales y guardias civiles, para investigar situaciones laborales de riesgo y abrir diligencias penales contra empresarios pocos escrupulosos con la seguridad.
El objetivo es "adelantarse a los acontecimientos", explicó el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, al perseguir, antes de que haya víctimas, "el delito de riesgo" en el ámbito laboral. Este último está expresamente recogido en el Código Penal y castigado con penas de cárcel de entre seis meses y tres años. Pero por falta de denuncias no se aplica en Galicia. Inspección de Trabajo, en su base de datos, tiene identificado a un grupo de empresas que infringen con frecuencia las normas de prevención de accidentes laborales.
Hasta ahora, y mientras no se lesionara un trabajador, las sanciones por esas infracciones graves o muy graves se quedaban en la esfera administrativa. Ningún empresario se ha sentado en el banquillo de los acusados por incumplir la ley de prevención de riesgos laborales. La Justicia no persigue este delito, según el fiscal, porque no hay denuncias de los trabajadores o sindicatos.Una carencia que ahora pretende suplir con la creación, en el seno de la Policía Judicial, de una unidad que actuará contra empresas sancionadas por Inspección de Trabajo o que hagan caso omiso a las propuestas de sus comités de seguridad y salud para corregir deficiencias que puedan afectar a la integridad de sus trabajadores.
"La investigación judicial de estos casos es la única manera de que la Administración de Justicia pueda conocer estos hechos delictivos y perseguirlos", ahondó el fiscal tras la reunión mantenida ayer con los jefes de Inspección del Trabajo y de la policía nacional. La siniestralidad mortal en el ámbito laboral está concentrada en el 2% de las empresas. Y la infracción "con mucha frecuencia" de las normas de prevención y seguridad "está directamente relacionada con el aumento de accidentes" en los centros de trabajo, advirtió la Fiscalía.
Satisfecho de la rápidez con la que se actúa ahora judicialmente cuando ocurre un accidente con víctimas,, gracias a un protocolo de actuación suscrito hace año y medio con la Consellería de Traballo, el ministerio público pretende ahora que "afloren las situaciones de riesgo" y que se castiguen con la cárcel. Los agentes judiciales también recabarán datos, en colaboración con Inspección del Trabajo, para elaborar un mapa de riesgos que identifique los sectores más peligrosos.
La construcción concentra el mayor número de accidentes laborales con víctimas. El artículo 350 del Código Penal establece penas de cárcel de hasta dos años, no sólo cuando se producen siniestros, sino por el hecho de infringir las normas de seguridad en trabajos de excavación, construcción o demolición de edificios, presas, canalizaciones u obras similares.
La Fiscalía persigue investigar todo tipo de empresas, incluidas las que ejecutan grandes obras públicas como el AVE o del puerto exterior de A Coruña, donde se produjeron graves accidentes laborales en los últimos meses. Varela precisó que el número de empresas recalcitrantes en materia de seguridad no es alto. "Se sabe quiénes son porque son reiteradamente remisas a cumplir la ley", afirmó.
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