La Fiscalía de Málaga ha formulado escrito de acusación inicial contra nueve personas por un accidente laboral ocurrido en 2004 en el que perdió la vida un trabajador que quedó sepultado por un desplome del terreno. En total, pide 22 años y medio de prisión para todos los acusados, responsables de obra o representantes legales de las empresas encargadas de las mismas.
Los hechos sucedieron en mayo de dicho año cuando el fallecido, oficial de primera, realizaba su trabajo en unas obras de urbanización de la finca 'El Pato' de Málaga capital en el interior de una zanja de unos dos metros y en un terreno 'inestable y arenoso'. En la zona, además, se ubicaba una arqueta y servicios de conducción enterrados sin señalización suficiente.
Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, esas condiciones de trabajo provocaron que se produjera un desplome del terreno dejando sepultado al trabajador de una empresa subcontratada para realizar dichas tareas, quien como consecuencia falleció de inmediato.
Los acusados son el representante legal de la empresa principal y también los de las otras tres firmas contratadas para ejecutar las distintas tareas, el jefe y tres encargados de obra de cada una de las mercantiles y el coordinador de seguridad de la contratista principal.
La acusación pública señala que todos suscribieron y 'conocían' el plan de seguridad de la empresa originaria, en el que se contemplaba específicamente la necesidad de entibar las zanjas cuya profundidad fuera superior a 1,5 metros o cuando las condiciones del terreno lo aconsejara y 'tanto lo uno como lo otro ocurría en el tramo donde se produjo el desplome'.
Por tanto, el fiscal indica que incumplieron 'cada uno de ellos' las obligaciones asumidas y 'no prestaron la debida atención a esas circunstancias confiando en la posibilidad de seguir realizando el trabajo sin extremar las medidas de seguridad previstas para evitar que condiciones deficientes pudieran menoscabar la integridad física de las personas que trabajaban'.
Además, añade que la zanja se venía realizando 'desde kilómetros atrás en las mismas condiciones de inseguridad y falta de control sobre las medidas a adoptar para garantizar su ejecución segura' y además los acusados permitieron que la escalera de evacuación se encontrara 'alejada del punto donde en cada momento se excavaba y entubaba'.
Para el fiscal, los hechos constituyen un delito de homicidio imprudente y otro contra la seguridad de los trabajadores, solicitando para cada uno de los acusados la pena de dos años y medio de prisión y mismo tiempo de inhabilitación para el ejercicio del oficio que cada uno tenga. Además, pide una indemnización total para todos los familiares de 165.367 euros, de la que responderán de forma directa las aseguradoras y subsidiariamente las empresas contratadas.
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