Un inspector de trabajo confirmó ayer la falta de medidas de seguridad en el Instituto de la Grasa de Sevilla, donde una explosión de sustancias peligrosas causó una ceguera irreversible a un becario, y ha indicado sus sospechas de que la beca "encubría una relación laboral".
El inspector de trabajo declaró como testigo en el juzgado penal 8 de Sevilla, que ayer aplazó el juicio porque el fiscal va a presentar un nuevo escrito de calificación en el que retiraría su acusación contra alguno de los cuatro procesados, han dicho a Efe fuentes del caso.
En su declaración, el inspector de trabajo que examinó el lugar del accidente ha dicho que los productos químicos "potencialmente peligrosos" se guardaban sin etiquetar, que no se había dado instrucciones para el traslado de dichas sustancias, que no había material de protección tales como gafas y guantes y que muchos botes con sustancias peligrosas "permanecieron mucho tiempo en situación de inmovilidad".
El accidente ocurrió en la sede del Instituto en Sevilla el 6 de junio de 2001, cuando el becario J.M.S.D., que había terminado la carrera unos años antes, participaba en una mudanza de laboratorios y transportó un bote con una sustancia que no ha sido identificada, aunque posiblemente era ácido acético, y que debido al movimiento le estalló en las manos y le causó una ceguera irreversible.
La víctima ha sido indemnizada en 720.000 euros y ha retirado las acciones penales, pero la Fiscalía sevillana solicita dos años de cárcel para la ex directora del Instituto de la Grasa, el ex gerente, una auxiliar de laboratorio y un conserje que era delegado de Riesgos Laborales, por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y lesiones.
En la jornada de ayer, el fiscal coordinador de Siniestralidad Laboral de Sevilla solicitó un aplazamiento para presentar un nuevo escrito de calificación en el que posiblemente retirará alguna de sus imputaciones, han informado a Efe fuentes judiciales.
Según se puso de manifiesto en las dos primeras jornadas del juicio, el traslado de los recipientes con sustancias peligrosas fue realizado por dos becarios porque previamente se había negado a hacerlo el personal de mantenimiento, que sí hizo la mudanza de los muebles.
El inspector de trabajo ha dicho a la juez que desde el principio albergó la duda y "vio puntos oscuros" en la situación legal del becario pues dudaba si la beca "encubría una relación laboral", por lo que aconsejó a la víctima desviar sus denuncia a los juzgados de lo Social.
Dejando de lado el tipo de relación laboral, el inspector ha asegurado que la dirección del Instituto, organismo dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), estaba "totalmente obligada a informarle de los riesgos concretos de su puesto de trabajo".
Con ello desmintió la versión de la ex directora A.H.M. de que los dos becarios que hicieron la mudanza, al ser bioquímicos de profesión y uno de ellos doctor, deberían estar al tanto de las medidas de precaución para manipular sustancias peligrosas, algo que se va aprendiendo en la universidad y en el trabajo diario, según dijo.
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