El traspaso de la inspección de Trabajo a la Generalitat tiene letra pequeña. El Gobierno autonómico ha conseguido abrir una rendija en el búnker con el que el Ejecutivo central protege las competencias en materia de Seguridad Social. Los inspectores transferidos al departamento de Treball que detecten irregularidades o fraudes al Seguro en las visitas que realizan a las empresas podrán levantar actas de infracción, que deberán ser ratificadas después por el Ministerio de Trabajo.
El objetivo de esta reforma es, según explicó a este diario la consellera Mar Serna, evitar las dobles visitas de inspectores a las compañías. Los cuerpos de inspección que se integrarán en la Generalitat cuando se haga efectivo el traspaso en los próximos meses tendrán plenas competencias en materia de contratación, seguridad laboral y verificación de permisos de trabajo para inmigrantes. Si en las inspecciones que realicen relacionadas con esas áreas encuentran anomalías en el pago de las cotizaciones al Seguro, no se limitarán a comunicarlas, sino que tendrán potestad para investigarlas y levantar un acta proponiendo la sanción correspondiente.
COLABORACIÓN
"El inspector de la agencia catalana podrá levantar acta de asuntos relacionados con la Seguridad Social, aunque finalmente sea el órgano estatal el que la resuelva", afirma Serna, que justifica el cambio por la necesidad de mantener la "unidad de actuación" del cuerpo, pese a su división. "Es una fórmula de colaboración –añade–. Respetamos el principio de caja única de la Seguridad Social, que recoge el Estatut".
Durante la negociación del traspaso con el Ministerio de Trabajo, la Generalitat puso sobre la mesa la opción de una transferencia total de la inspección incluso en la intocable Seguridad Social. "Nos hubiera gustado que, dentro de la estructura catalana, se hubiera incorporado una parte de la Seguridad Social con capacidad decisoria sobre la inspección y sus actuaciones, pero la Administración del Estado rechazó esa opción", reconoce la consellera.
Al reservarse el Estado la competencia de la Seguridad Social, alrededor de la mitad de los 120 inspectores que tiene Catalunya seguirán dependiendo del ministerio.
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