Ninguna de las enfermedades que cada año causan la muerte a miles de trabajadores guarda relación con el trabajo. Esto es lo que dicen los datos oficiales, aunque Comisiones Obreras, que realiza su propio recuento, lo rebate. "¿Quién se puede creer que España sea el único país del mundo en el que nadie muere por el trabajo?", se pregunta Joaquín Nieto, responsable de salud laboral del sindicato. A esta organización le constan 16.115 muertes por enfermedades derivadas de la labor profesional en 2007. Son 19 veces las producidas por accidentes en el tajo, lo que da una idea de la magnitud del problema.
La seguridad en el puesto de trabajo está experimentando una doble evolución. Por un lado, los fallecimientos por accidentes disminuyen a un ritmo récord (un 11,2% en 2007, según el balance presentado ayer por CC OO). Al mismo tiempo, las enfermedades profesionales no dejan de aumentar, pero oficialmente un 82% queda fuera del registro y, en el caso de las que acaban con la vida del trabajador, todas escapan a los ojos de la Seguridad Social.
El motivo hay que buscarlo, según Nieto, en el funcionamiento de las mutuas. Estos órganos, que gestionan el dinero destinado a sufragar los gastos derivados de la siniestralidad y las enfermedades profesionales, no reconocen el origen laboral de la mayor parte de las dolencias. "Tienen como orientación endosar al sistema público de salud las enfermedades asociadas al trabajo", sostiene Nieto. El 16% de las que el sistema sanitario trata como comunes tienen cariz laboral. Y eso cuesta cada año a las arcas unos 15.000 millones de euros, un 1,5% del producto interior bruto (PIB), que deberían costear las mutuas, según estos cálculos.
Tal disfunción requiere, en opinión de Nieto, "una reforma profunda de las mutuas", a las que achaca una actitud "irresponsable y falta de humanidad". Un decreto de 2006 atribuyó a estas entidades la responsabilidad de decidir si una enfermedad es común o profesional. Hasta entonces eran los empresarios quienes lo estimaban. Lejos de favorecer la transparencia, como se esperaba, el cambio ha hecho disminuir un 27,7% en un año las enfermedades tipificadas como profesionales.
Además de aliviar los costes del sistema público de salud, reconocer el origen laboral de una afección es crucial para el trabajador, ya que en este caso puede solicitar una pensión por incapacidad o reclamar una indemnización en los tribunales.
La mayor parte (el 60%) de las dolencias atribuibles al desempeño laboral corresponde a tumores malignos. Les siguen los problemas del sistema circulatorio y las enfermedades del aparato respiratorio. A mucha distancia figuran los trastornos mentales y las enfermedades del sistema nervioso.
La sospecha de que las mutuas pueden estar subestimando enfermedades profesionales no anida sólo en los sindicatos. La Seguridad Social decidió en septiembre del año pasado revisar todos los expedientes resueltos como enfermedad común por las mutuas. La operación se realiza sólo cuando existan "indicios" de que esa enfermedad es, en realidad, profesional. La revisión de expedientes que realizó el Ministerio de Trabajo entre enero y agosto de 2007 arroja un resultado clarificador: este departamento modificó las decisiones de las mutuas en un 40% de los casos, al dar la razón al trabajador y considerar que su dolencia se originó en el trabajo.
Frente al descontento con las enfermedades profesionales, Comisiones valora la evolución que han experimentado los accidentes de trabajo. El número de fallecidos por cada 100.000 afiliados ha caído a la mitad en 10 años, hasta situarse en 5,2. La mayor vigilancia en las empresas y la persecución judicial de los siniestros ha propiciado una mejora de las cifras, que afecta tanto a los producidos en la jornada laboral como a los ocasionados en el trayecto de ida o de vuelta del trabajo.
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