El Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña colaborarán para impulsar la creación de un registro de las empresas constructoras que son "seguras" y cumplen con la normativa legal en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales.
A raíz de la proliferación de empresas "no profesionales" en el ámbito de la construcción durante los últimos años, el presidente del Gremio, Néstor Turró, consideró que el registro servirá para que las empresas serias tengan "una carta de garantía" conforme implementan las normas vigentes.
Para llevar a cabo esta iniciativa, ambas organizaciones de profesionales tendrán el apoyo de la Secretaría de Vivienda de la Conselleria de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat. Asimismo, será el Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITEC) –adscrito a la Conselleria– el encargado de auditar a las empresas del sector para concederles la carta de garantía en el cumplimiento de la prevención de riesgos.
Turró hizo estas declaraciones en una jornada sobre responsabilidad del empresario frente a los accidentes laborales en la construcción, a la que acudieron tres magistrados del Tribunal Supremo (TS): Ignacio Sierra, de la Sala Primera; Carlos Granados, de la Sala Segunda de lo Penal y Xavier O’Callaghan, de la Sala Primera de lo Civil.
MEDIDAS ALTERNATIVAS A LA CONDENA CONDICIONAL
Durante su intervención, Granados consideró que en España "deberían existir medidas alternativas a la condena condicional de cárcel (que no incluye ingreso en prisión) para los responsables penales de siniestros laborales que incurran en estos delitos por primera vez".
Así, en lugar de condenar a una pena de 18 meses de cárcel a estas personas, el magistrado abogó por implementar otras medidas como el apoyo a la víctima o a los familiares u otras actividades sociales que compensen el daño.
Asimismo, Granados criticó "un cierto abuso" de la vía penal para los casos de siniestros laborales. "Se acostumbra a ver como una vía más ágil y asusta más", añadió, y apostó por reservarla para los casos "muy graves" en los que se ha puesto en situación de "grave peligro" la vida del trabajador o bien ha habido resultado lesivo o de muerte.
En el mismo sentido, el magistrado Sierra abogó por reducir "al mínimo" la elección de la vía penal en materia de siniestralidad laboral y, por tanto, rehuir, excepto en casos "extremos", el castigo de la cárcel en estos casos. "Aquí no vale el factor ejemplarizante", aseveró.
Para reducir los accidentes en la construcción, Sierra apostó por un "cambio de actitud de todos los actores implicados" y, en este sentido, subrayó la importancia de la nueva figura impulsada por la UE del Coordinador de Salud y Seguridad en las obras como "motor" de estos cambios. "La figura no ha de ser un chivo expiatorio, sino un garante para tener las medidas suficientes que permitan, en lo posible, los accidentes", añadió.
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